La ONU volvió a pronunciarse en cuanto a las deportaciones masivas de gitanos a Rumania y Bulgaria y urgió al gobierno francés a revisar su política de deportación para evitar la discriminación y violaciones a los derechos humanos.

 

Así, se expresó preocupación por el tono racista de los recientes discursos franceses ocurridos con las masivas deportaciones y por el hecho de que las mismas no se están efectuando individualmente, tras la revisión de cada caso, sino por motivos que parecerían ser raciales.

 

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha declarado que estas deportaciones se están efectuando conforme a las leyes de la Unión Europea y en coordinación con el gobierno que los recibe, es decir Rumania, por lo que niega cualquier violación a los derechos humanos de los deportados.

 

Francia ha invocado la regla de dos límites a la residencia legal establecida por las leyes europeas, en el sentido de que proceden las deportaciones cuando se pone en peligro el orden público y el deportado no posee suficientes recursos económicos significando una carga para el estado que lo recibe.

 

El ministerio francés del exterior señaló que la mayoría de estas deportaciones han sido voluntarias y que en las que se han tenido que forzar han intervenido los jueces conforme lo establece el derecho. Señaló asimismo que se están proporcionando todas las garantías para que los deportados se reintegren a sus países de origen y que además de proporcionarles el medio de transporte se les ha entregado 300 euros por persona y 100 adicionales por cada niño.

 

Los gitanos son ciudadanos europeos, originarios de Rumania y Bulgaria mayoritariamente, con el derecho de tránsito sin restricciones por el territorio europeo. Sin embargo el gobierno francés exige que para poder residir en su territorio se obtenga un permiso de trabajo y se demuestre que se cuenta con los medios suficientes para sostenerse y otorga un plazo de 3 meses para obtener el permiso de residencia.

 

Los gitanos que han sido deportados vivían ilegalmente en diferentes campamentos, 51 de los cuales han sido ya desmantelados por el gobierno francés y sus residentes se encuentran en albergues temporales en espera de sus vuelos hacia Rumania.

 

Las deportaciones masivas iniciaron en el 2009, enviando de regreso a más de 10,000 gitanos y otros ciudadanos europeos con residencia ilegal en Francia.

 

El gobierno rumano declaró que aún cuando entiende la postura del gobierno francés defiende el derecho de sus ciudadanos de libre tránsito por el territorio europeo.

 

Los gitanos deportados no estuvieron involucrados en ningún enfrentamiento reciente con la policía, sin embargo el gobierno francés señaló que los campamentos son focos de prostitución y tráfico de personas y en ello fundamentó el desalojo.

 

Más información BBC

 

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