La denuncia del gobierno colombiano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de la existencia de campamentos guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, trajo como consecuencia que el presidente venezolano Hugo Chávez rompiera relaciones con Colombia el pasado jueves 22 de julio.

 

El gobierno colombiano dijo tener en su poder numerosas pruebas que demuestran el establecimiento de los campamentos guerrilleros en territorio venezolano, no solo en los contenidos de computadores incautados a guerrilleros, sino también mediante videos y fotografías de satélite y que en vista de que las autoridades venezolanas lo saben y no hacen nada al respecto, anunció que podría consolidar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya, en contra de Venezuela.

 

Frente a ese comunicado, la Fiscal venezolana, Luisa Ortega, declaró que como país libre y soberano que es Colombia está en su derecho de proceder como mejor le convenga, pero que su país se defenderá frente a esas acusaciones y señaló que las pruebas que dice tener Colombia son preconstituidas, “sin control de nadie”, restándole importancia a la existencia de las mismas.

 

Frente a la insistencia de algunos sectores venezolanos de demostrar que no existen dichos campamentos en su territorio auspiciados por el gobierno, la Fiscal declaró que su país se sujeta a la premisa de derecho internacional que establece la presunción de inocencia por lo que quien tiene la carga de la prueba, esto es, de demostrar la conducta imputada es quien acusa, en este caso Colombia, y añadió que “Venezuela no tiene que demostrarle a todo el mundo que es inocente”.

 

Por su parte, el Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, señaló que la denuncia ante la CPI podría llegar hasta el mismo presidente venezolano si se logra establecer que en los actos denunciados coparticipan las autoridades venezolanas.

 

Frente a la ruptura de relaciones entre los dos países, el gobierno venezolano anunció que se reforzará la vigilancia de las fronteras y que se establecerán fiscalías especiales para detectar cualquier conducta tipificada como delito según las leyes venezolanas.

 

Fuente El Tiempo

 

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