El Mundial de Fútbol sigue generando cada día nuevos temas que no nada más se circunscriben al ámbito deportivo.

 

No nada más se trata de las reglas que la FIFA impuso para la publicidad y venta de artículos oficiales o sobre propiedad intelectual, sino también sobre los cambios legislativos y judiciales que se tuvieron que implementar en el país anfitrión, Sudáfrica, en materia de seguridad.

 

 

Sudáfrica es un país que, al igual que el nuestro, muestra altos índices de criminalidad. Antes de iniciar el torneo supimos del caso de los tres periodistas que fueron robados de su cuarto de hotel, lo que generó un clima de inseguridad entre los visitantes.

 

Sin embargo, el gobierno sudafricano ha implementado procesos judiciales expeditos que tienden a desmotivar la comisión de actos ilícitos, tanto por nacionales como por extranjeros, al ejercitar el proceso judicial con gran celeridad.

 

De esta manera, entre la detención de un presunto delincuente y su sentencia pueden pasar dos días, como sucedió con quienes robaron a los periodistas mencionados, quienes fueron detenidos y dos días después sentenciados, dos de ellos a 15 años de prisión y el tercero a cuatro años, tras aceptar su culpabilidad.

 

Pero estos sistemas de justicia expedita tienen un alto costo, ya que no nada más se modificó el fundamento jurídico para facultar su operación, sino que se tuvieron que crear 56 tribunales especiales para este fin y que habilitar a 260 fiscales para intervenir en estos casos concretos.

 

Hasta el momento al menos 22 personas han sido detenidas, involucradas en 17 casos que van desde robo y estafa hasta la conducción de vehículos en estado de ebriedad, y quienes enfrentan la acción de la justicia no nada más son nacionales, sino también varios extranjeros, entre ellos un peruano acusado de robar la laptop de un policía o un mexicano que fue detenido acusado de haber cometido un “insulto internacional”, al haberle puesto un sombrero de charro a una estatua de Nelson Mandela.

 

El gran pero es que este tipo de procesos, por benéficos que se vean a primera vista, siempre involucran riesgos en cuanto a la protección del proceso mismo de impartición de justicia y a las garantías procesales de los indiciados, puesto que se pueden llegar a obtener confesiones bajo medios de presión o tortura, las cuales pueden ser el único medio probatorio al no existir tiempo suficiente para peritajes, por ejemplo, lo cual no asegura siempre que se imparta justicia.

 

Debido a ello y al costo que implica, es poco probable que este tipo de “justicia exprés” siga operando una vez que se de el silbatazo final del último partido y las controvertidas vuvuzelas dejan de sonar.

 

Fuente BBC Mundo

 

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