Las nuevas reglas en materia religiosa en China fortalecen la supervisión del Partido Comunista Chino sobre monasterios e iglesias
En agosto se publicó en China la Orden No. 19 de la Administración Nacional de Asuntos Religiosos de China que reformó las disposiciones sobre la gestión de sitios de actividad religiosa, abrogando los Procedimientos para el establecimiento, la aprobación y el registro de sitios de actividad religiosa, expedidos en 2005.
De acuerdo con la información oficial, se trata de una serie de disposiciones tendientes a la protección de los derechos e intereses legítimos de los lugares de actividad religiosa y de los creyentes religiosos, así como a una mejora de la institucionalización y estandarización de la gestión de los lugares de actividad religiosa.
Se trata de una norma que consta de 10 capítulos y 76 artículos en los que se especifican los procedimientos y requisitos para el establecimiento y registro de lugares de actividad religiosa; se regula la gestión de estos sitios; se aclara cuáles son las organizaciones de establecimiento y gestión de lugares de actividad religiosa; se promueve “la gestión democrática”; se establecen sistemas de gestión racional del personal, y normalizan las actividades religiosas, las actividades sociales y los intercambios externos de personal dentro de los sitios.
Así, se establece que “el término ‘lugares de actividad religiosa’ se refiere a monasterios, templos, mezquitas, iglesias (en adelante ‘monasterios e iglesias’) y otros lugares fijos para actividades religiosas registrados de conformidad con el ‘Reglamento sobre Asuntos Religiosos’ y otras disposiciones.”
Asimismo, se definen las responsabilidades de los lugares de actividad religiosa en términos de la gestión de las actividades religiosas, la gestión de la construcción y la gestión de la seguridad en diferentes áreas como la seguridad contra incendios, la alimentación, la higiene y la emisión de reglamentos.
Estas nuevas disposiciones, que iniciaron vigencia en septiembre, obligan al nombramiento de supervisores y clarifica las responsabilidades de supervisión de los departamentos de asuntos religiosos, la orientación educativa de los grupos religiosos y los derechos de supervisión de los creyentes religiosos.
Al expedir estas nuevas normas, la Administración Nacional de Asuntos Religiosos explicó que aunque las regulaciones de 2005 ayudaron a la gestión de asuntos religiosos mejorar en los últimos 18 años, “algunos lugares todavía tienen temas prominentes de gestión antidemocrática y no estandarizada, que han violado los derechos e intereses legítimos de la comunidad religiosa y los creyentes. En respuesta a esto, figuras religiosas, creyentes y sectores relevantes de la sociedad han pedido una mayor mejora de los sistemas pertinentes relativos a los lugares de actividad religiosa".
Las diferentes organizaciones de las religiones aceptadas en China, esto es, budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo, han señalado que estas nuevas reglas dan marcha atrás porque fortalecen las facultades de control del Partido Comunista, con el objetivo de la sinización de la religión. La sinización es la asimilación lingüística o cultural de conceptos del idioma chino y la cultura de China.
El artículo 3 dispone: “Los lugares de actividad religiosa deberán defender el liderazgo del PCC (Partido Comunista Chino) y del sistema socialista, implementar plenamente la ideología del socialismo con las características chinas de Xi Jinping para la nueva era, respetar la Constitución, las leyes, normas y reglamentos y disposiciones pertinentes sobre la gestión de los asuntos religiosos, practicar los valores socialistas fundamentales, adherirse a la dirección de sinización de las religiones de China, adherirse al principio de independencia, autonomía y autosuficiencia, y salvaguardar la unidad del país, la unidad nacional, la armonía religiosa y la estabilidad social.
“Ninguna organización o individuo podrá utilizar lugares de actividad religiosa para realizar actividades que pongan en peligro la seguridad nacional, perturben el orden social, perjudiquen la salud de los ciudadanos, obstaculicen el sistema educativo nacional, violen el orden y la moral públicos o perjudiquen de otro modo los intereses del Estado, los intereses públicos de la sociedad, o los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
“Los lugares de actividad religiosa no pueden participar en actividades ilegales ni proporcionar condiciones para actividades ilegales.”
Otro artículo muy señalado es el 27 que dispone que los miembros de la organización gestora de los sitios de actividades religiosas deben ser “partidarios leales del liderazgo y gobierno del Partido Comunista Chino” y “residentes en la parte continental con nacionalidad china”.
Con estas disposiciones, una de las religiones más afectadas es el budismo tibetano. Así, se denuncia que actualmente, “los monjes y las monjas viven en un ambiente asfixiante bajo constante vigilancia y medidas de control destinadas a limitar sus actividades físicas. También están bajo presión constante para cambiar sus fundamentos ideológicos, que se basan en la filosofía budista. Las autoridades exigen a los monjes y monjas que ‘corrijan’ sus pensamientos controlándose a sí mismos y criticándose unos a otros.”
A este respecto, la Administración Central Tibetana en Dharamsala, India, que reconoce como su líder al Dalái Lama, declaró: “Bajo esta regulación ilegal, los monasterios tibetanos del Tíbet que se niegan a denunciar a Su Santidad el Dalái Lama o a expresar reverencia y lealtad a Su Santidad, a quien la República Popular China considera ‘separatista’, sigue siendo particularmente vulnerable a enfrentar represión por parte de las autoridades chinas.”
En ese comunicado, publicado el 1 de septiembre, la Administración Central hace la siguiente petición:
“A la luz del deterioro de la situación en el Tíbet, instamos a la comunidad internacional a fortalecer el poder colectivo y el impacto de sus socios y aliados para abordar el control estricto e ilegal que el gobierno de la República Popular China tiene sobre las prácticas y enseñanzas religiosas en el Tíbet, que se está aplicando exclusivamente por parte de China para mantener su autoridad en el Tíbet. La comunidad internacional debe presionar a China para que respete sus obligaciones internacionales y su propia constitución a fin de proteger la libertad de creencia religiosa de los tibetanos, independientemente de si interfiere o desafía la legitimidad y el estatus del Partido Comunista. Mientras el gobierno de la República Popular China no reconozca ni remedie sus políticas discriminatorias y contraproducentes en el Tíbet, mejorar sustancialmente las relaciones entre China y Tíbet seguirá siendo un desafío. Por último, para abordar los agravios de larga data de la comunidad tibetana, es imperativo que el gobierno de la República Popular China vuelva a entablar un diálogo significativo basado en la política del Camino Medio con los representantes de Su Santidad el Dalái Lama, sin condiciones previas.”
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