Este lunes, el parlamento de Israel aprobó una controvertida reforma a la Ley Fundamental que mina facultades del Poder Judicial
El gobierno de coalición de derecha y extrema derecha de Israel, después de años de haber estado acariciando el proyecto de disminuir facultades al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte, logró la aprobación este lunes de una ley que empieza por limitar estas facultades.
Desde 2018, con la presentación de cargos penales en su contra, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, empezó a apoyar los planes de partidos religiosos y ultranacionalistas para limitar a la Suprema Corte. Esos partidos no tuvieron suficiente apoyo del partido Likud de Netanyahu, sino hasta ahora en que forman parte del gobierno de coalición.
Las iniciativas de reforma que se han puesto sobre la mesa han llevado a multitudinarias manifestaciones que se han extendido en Israel a lo largo de los meses, de quienes opinan que estas limitaciones son antidemocráticas y que llevan a la destrucción del estado liberal de Israel.
Los políticos de derecha han estado señalando que la Suprema Corte admite casi todos los recursos en contra de leyes y acciones del gobierno presentados por cualquier partido político y que sus decisiones tienden a favorecer políticas liberales y derechos de minorías sin tomar en consideración la voluntad de la mayoría votante. Señalan que esos poderes de la Suprema Corte no tienen fundamento constitucional.
De esta forma han estado presentando iniciativas para implementar en Israel el “modelo británico” de revisión judicial, según el cual las revisiones de constitucionalidad de leyes de la Suprema Corte son meramente declarativas, obedeciendo a la doctrina de la soberanía parlamentaria.
Bajo el sistema actual en Israel, la Suprema Corte, una de las más poderosas del mundo, al declarar la inconstitucionalidad de una ley deroga o abroga la disposición.
La reforma que fue aprobada este lunes en el Knesset, poder legislativo israelí, elimina la facultad del Poder Judicial de suprimir decisiones de gobierno o legislativas por falta de “razonabilidad”.
El principio de razonabilidad es aplicado por muchos sistemas judiciales, como Australia, Gran Bretaña y Canadá, conforme con el que una decisión se considera que no es razonable si un tribunal dictamina que se tomó sin considerar todos los factores relevantes o sin dar peso relevante a cada factor, o dando demasiado peso a factores irrelevantes.
Si no hay razonabilidad, el gobierno no puede proceder con la decisión. Este principio fue aplicado este año cuando se impidió que Aryeh Deri, un veterano político ultra ortodoxo, sirviera en el gabinete de Netanyahu, concluyendo que no era razonable su nombramiento porque recientemente había sido condenado por fraude fiscal. Otras decisiones han impedido demoliciones en territorios ocupados, por ejemplo.
El problema con este concepto es que no está legalmente definido, por lo que el gobierno actual considera que es muy vago y que permite que el Poder Judicial deje de ser uno que procura el balance de poderes, minando las facultades del ejecutivo y judicial. Así opina Daniel Friedmann, profesor de derecho y exministro de justicia, para quien el principio de razonabilidad permite que “la corte reemplace a todas las demás autoridades”.
Aunque los planes del gobierno de coalición respecto del Poder Judicial implican otras reformas, debido a las manifestaciones que no solo han llevado a ciudadanos a las calles, sino a otros actos como la renuncia de voluntarios a las reservas del ejército, de momento solo se ha aprobado la reforma respecto de la razonabilidad.
“Se trata de si los recursos del estado se utilizarán realmente para el interés público”, declaró sobre la reforma a The New York Times, Amichai Cohen, jurista del Instituto de Democracia de Israel, un grupo de investigación con sede en Jerusalén. “¿Interpretarán los ministros esta eliminación de la razonabilidad como carta blanca para usar los recursos a su disposición, como mejor les parezca, por razones políticas?”
La reforma ha sido aprobada durante la última semana de sesiones del Knesset, lo que hace difícil que sea modificado o derogada. De la misma forma, no se prevé que la Suprema Corte se pueda manifestar pronto al respecto porque necesitan que se presente la petición o el recurso y es un proceso que lleva tiempo. Además, se trata de una reforma a la Ley Fundamental, que tiene jerarquía de ley constitucional, y hasta el momento la Suprema Corte no ha anulado ninguna reforma a la Ley Fundamental.
Pese a que estas reformas han generado críticas negativas por los aliados de Israel, como ha sucedido en Polonia por reformas de este mismo tipo, el gobierno actual de Netanyahu no tiene la intención de echarse para atrás en los planes. Ya veremos cómo resisten la oposición pública.
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