Tribunal de Corea del Sur condena al gobierno a pagar daños a la víctima de una masacre ocurrida en Vietnam durante la guerra
Por un acto ilegal de guerra, el gobierno de Corea del Sur fue condenado a pagar 30 millones de wons, 23,900 dólares, como compensación por daños a una mujer vietnamita, Nguyen Thi Thanh, sobreviviente de la masacre a dos aldeas en Vietnam, perpetrada por tropas surcoreanas.
Lo importante de la decisión no es la adjudicación de daños, sino que, por primera vez, se hizo un recuento oficial de lo sucedido el 12 de febrero de 1968 en las poblaciones de Phong Nhi y Phong Nhut, donde más de 70 civiles desarmados, la mayoría mujeres y niños, murieron de forma brutal a manos de tropas surcoreanas, aliadas del ejército de los Estados Unidos.
Pese a que esta masacre está documentada, ni Corea del Sur, ni Vietnam, ni los Estados Unidos han dado cuenta de lo ocurrido, pese a la presión de los civiles que vivieron y sobrevivieron estos horrores. Para que se hablara de lo ocurrido y se escucharan los testimonios de las víctimas, Nguyen Thi Thanh, de 62 años, decidió presentar su demanda en la Corte del Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, que esta semana, en una decisión del juez Park Jin-soo, le ha dado la razón al establecer que las tropas surcoreanas cometieron “un acto ilegal”, al haber matado a su madre, hermana, hermano y otros dos familiares, estando desarmados y sin representar un peligro latente para los soldados.
La masacre fue documentada por personal del ejército de los Estados Unidos, que días después de lo ocurrido, visitaron las aldeas para encontrar pilas de cadáveres, en su mayoría de mujeres y niños, de las que incluso hay fotografías.
También hay testimonio de soldados que formaron parte del batallón surcoreano en Vietnam, entre ellos Ryu Jin-seong, actualmente de 76 años, acusado de homicidio en este proceso en el que reconoció la masacre perpetrada por su batallón.
Durante un foro que se celebró el mes pasado, Ryu dijo sobre la falta de reconocimiento de los hechos que “Corea del Sur debe aclarar su pasado”, y por eso “di un paso al frente para testificar en la corte porque nadie más diría la verdad”.
Los abogados del gobierno surcoreano trataron de excusar las acciones, hoy clasificadas en derecho internacional como crímenes de guerra, señalando que no se podía comprobar que lo ocurrido hubiera sido un acto de las tropas de Corea del Sur, y que, si se comprobara, se trataba de un acto necesario para apaciguar los actos de la guerrilla del Viet Cong y no un acto ilegal.
Incluso, procuraron que se desechara la demanda, alegando la prescripción por el tiempo transcurrido y por los términos del tratado firmado entre Vietnam, Corea del Sur y Estados Unidos, que evita este tipo de demandas por responsabilidad.
Al respecto, el juez concluyó que el plazo de 5 años establecido en la ley coreana para presentar una demanda no aplica, porque Nguyen no estaba en condiciones de iniciar una acción legal antes de que expirara la limitación del período, en 1973, y que el acuerdo de Corea con los Estados Unidos y Vietnam no tiene poder legal para prohibir el derecho de una víctima a litigar su caso.
La decisión judicial podría ser el inicio de demandas similares de sobrevivientes de los actos criminales que durante la guerra cometieron los más de 320,000 soldados coreanos que fueron enviados a Vietnam por el gobierno del dictador Park Chung-hee, como un medio de congraciarse con los Estados Unidos y obtener ayuda económica para la recuperación de la economía nacional. Lo anterior porque el estudio de un investigador surcoreano, basado en entrevistas a las víctimas, las tropas de Corea del Sur dejaron a su paso más de 90,000 civiles muertos, lo que significa que la masacre en Phong Nhi y Phong Nhut no fue la excepción.
Además de la compensación por daños solicitada, el tribunal ordenó al gobierno a pagar los intereses por los 50 años que han transcurrido desde los hechos, y el pago de los honorarios de los abogados que la representaron.
En su demanda, Nguyen Thi Thanh pidió que el gobierno ofreciera una disculpa pública sobre los hechos, reconociendo con ello su responsabilidad. De momento, es incierto si lo harán, porque no fueron condenados a hacerlo, y tienen 15 días para decidir si presentarán una apelación.
Más información nytimes.com /koreaherald.com
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