Corte de Distrito de Tokio condena a un juez a compensar a una familia por una publicación en Twitter sobre el homicidio de su hija
Una vez más, el juez Kiichi Okaguchi, del Tribunal Superior de Sendai, Japón, ha sido sancionado por un mensaje que publicó en sus redes sociales sobre el homicidio de una adolescente, en palabras que los familiares de la víctima sintieron ofensivas.
No es la primera vez que el juez Okaguchi, de 56 años, se encuentra en problemas por lo que escribe en sus redes sociales y, aunque él sostiene que lo hace ejerciendo su libertad de expresión, por las quejas que se han recibido en su contra, en junio de 2021, un comité legislativo aprobó la instalación del tribunal para procesar integrantes del Poder Judicial, para decidir si permanece o no en el cargo. Se trata de un procedimiento como la declaratoria de procedencia.
"Si bien no conocemos los detalles del caso, nos tomamos muy en serio que el juez haya sido remitido (para destitución)", dijo un portavoz de la Corte Suprema cuando se anunció la integración del tribunal.
Este proceso inició en noviembre y el juez Okaguchi es el noveno magistrado en la historia legal moderna de Japón en ser procesado.
En 2018, el juez escribió un mensaje en Twitter criticando al propietario original de un perro por la demanda que presentó en contra de quien recogió al animal, pidiendo recuperar la propiedad después de haberlo abandonado. El juez no participaba en este proceso.
La persona a quien el juez se refirió en su tuit, se quejó, y por este motivo inició en la Corte Suprema un proceso bungen-saiban en el que se decide si un juez debe ser sancionado o disciplinado, siendo la primera vez que se inició por lo publicado en redes sociales. En este caso, el juez fue sancionado con una advertencia admonitoria.
En 2020, la Corte Suprema dictó otra medida disciplinaria al juez Okaguchi, concluyendo que había "socavado la confianza del público en los jueces".
Ese no fue, sin embargo, el primer mensaje que escribió en redes criticando un proceso. En 2017 se refirió al homicidio de una estudiante de 17 años, escribiendo en su cuenta de Twitter que la adolescente fue asesinada "sin piedad" por un "hombre que tiene la propensión a excitarse sexualmente al ver a una mujer siendo estrangulada y agonizando". Dos años después, escribió en su perfil de Facebook que “la oficina del Tribunal Superior de Tokio y otros le han lavado el cerebro a la desconsolada familia para criticarme”.
Por estas publicaciones, que los familiares de la joven estudiante encontraron ofensivas, la familia presentó una acción legal en la Corte de Distrito de Tokio.
Ante la Corte de Distrito, argumentando que la publicación del juez “careció significativamente de consideración por el sentimiento de la familia afligida y la dignidad de la víctima y causó dolor psicológico”, pidieron una compensación económica por 1.65 millones de yenes por los daños emocionales.
El 27 de enero, el juez que presidió el proceso en la Corte de Distrito de Tokio, Masahiko Kiyono, ordenó al juez Okaguchi pagar a la familia una compensación de 440,000 yenes, equivalente a unos 3,300 dólares estadounidenses, haciendo notar que los actos del juez fueron “irreflexivos” e “inapropiados que violan los deberes impuestos a un juez titular”.
Esta sentencia no es favorable para el juez Okaguchi en su proceso de destitución, como tampoco que, pese a las sanciones, parece ser que sigue publicando opiniones que, a juicio de los magistrados, socavan la confianza de la población en el Poder Judicial.
Bajo este parámetro, ¿cómo hubieran procedido en un caso semejante al de la ministra Yasmín Esquivel? Probablemente, no tendríamos que estar pidiendo a la ministra que haga lo razonable para no seguir lastimando la opinión pública sobre el Poder Judicial, y ya habría sido, por lo menos, destituida.
#RenunciaYasmin
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