Castillo de Edimburgo
Castillo de Edimburgo

Invocando por primera vez una facultad concedida en 1998, el gobierno británico ha prohibido que ley escocesa se presente para consentimiento real

En el Reino Unido se ha desencadenado una interesante e intensa discusión porque el gobierno está haciendo valer, por primera vez, una disposición legal para evitar que la Ley de Reconocimiento de Género, aprobada en el Parlamento escocés, reciba consentimiento real para convertirse en ley vigente.

Escocia se unió a Inglaterra desde 1707 y, actualmente, forma el Reino Unido junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Tras la celebración de un referéndum en 1997, en el que se concedió mayor autonomía al país, se estableció la Scotland Act, Ley de Escocia, de 1998, en la que se detallan las funciones del Parlamento escocés y se establece la materia que está reservada para ser legislada por el Parlamento británico en Westminster, entendiendo que lo que no está reservado, puede ser legislado en Escocia.

Asuntos reservados incluyen reformas constitucionales, materia exterior, defensa, nacionalidad y migración, seguridad social, finanzas, comercio, empleo, igualdad de oportunidades, y otras.

El artículo 35 de esta ley concede al gobierno del Reino Unido la posibilidad de intervenir en el proceso legislativo escocés en ciertas ocasiones. Una de ellas, si una iniciativa de ley “hace modificaciones a la ley que se aplica a asuntos reservados y que el Secretario de Estado tenga motivos razonables para creer que tendrían un efecto adverso en el funcionamiento de la ley que se aplica a asuntos reservados”. En este caso, el secretario de estado dicta una orden que prohíba presentar el proyecto de ley para aprobación real, un requisito para que las leyes sean vigentes.

Por considerar que la Ley de Reconocimiento de Género escocesa, pone en riesgo “el cuidadoso balance” establecido en la Ley de Equidad de 2010, por primera vez el gobierno británico está ejerciendo la facultad prevista en el artículo 35 de la Ley de Escocia.

Para el gobierno de Escocia, que está buscando la oportunidad para celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia del resto del Reino Unido, la invocación de esta disposición mina su autonomía, por lo que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, declaró que se presentarán ante la Suprema Corte para recurrir la decisión del secretario de estado de prohibir que la Ley de Equidad se presente para consentimiento real.

De esta forma, el debate radica en si las razones del gobierno del primer ministro Rishi Sunak para bloquear la ley, tienen fundamento legal, o si la Ley de Reconocimiento de Género escocesa no invade facultades y puede sostenerse. Por ejemplo, en Londres se argumenta que esta ley invade facultades reservadas en materia de impuestos, beneficios sociales y pensiones estatales.

No es la primera vez que se bloquea una ley escocesa, la diferencia radica en que, en el pasado, no se ha invocado el artículo 35, sino que la situación ha sido presentada a la Suprema Corte para que decida sobre la legalidad de la ley escocesa. Por ejemplo, en 2021 el máximo tribunal concluyó que porciones de la que incorporaba la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, es ilegal, no en cuanto a su contenido, sino porque excedió las facultades concedidas al Parlamento escocés.

Aunque la Suprema Corte terminará decidiendo si el Parlamento escocés, identificado como Holyrood por su ubicación, excedió facultades, esta decisión será sobre la legalidad de la invocación del artículo 35.

Cabe señalar que hace menos de dos meses la Suprema Corte concluyó que, contrario a los deseos del gobierno escocés, no están facultados para realizar un referéndum sobre su independencia sin la aprobación del Parlamento en Westminster, precisamente porque es materia reservada conforme con la Ley de Escocia de 1998.

En 2014 se celebró un referéndum sobre este tema, que con el consentimiento parlamentario y del gobierno del entonces primer ministro británico David Cameron, y que los independentistas estuvieron cerca de ganar. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sobre la que los escoceses votaron mayoritariamente en contra, se cree que en un nuevo ejercicio, la ciudadanía votaría mayoritariamente por la independencia. Comprobar esta creencia no lo podremos hacer en el futuro cercano por la oposición de Westminster de un nuevo referéndum.

Más información theguardian.com /gov.uk

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