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La FTC propone en Estados Unidos nueva regla para prohibir cláusulas que restringen que los trabajadores presenten servicios a la competencia

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, FTC, por sus siglas en inglés, ha puesto a consulta pública el proyecto de una nueva regla que prohibiría en los contratos laborales las cláusulas de no competencia, que impiden a los trabajadores prestar sus servicios durante un tiempo determinado o dentro de una ubicación geográfica, a otra empresa con el mismo giro que su empleadora.

Se trata de una medida que pretende un aumento de los salarios al generar una mayor movilidad laboral y que no solo queda limitada a los empleados, sino a contratistas independientes, internos, voluntarios y otro tipo de trabajadores.

Este tipo de cláusulas son muy usuales, no solamente respecto de personal altamente calificado y bien pagado, sino incluso de empleados que ganan salarios mínimos y que trabajan en restaurantes de comida rápida, salas de belleza, repartidores, etcétera.

“La investigación muestra que el uso de [cláusulas de] no competencia por los empleadores para restringir la movilidad de los trabajadores, suprime significativamente los salarios de los trabajadores, incluso para aquellos que no están sujetos a no competencia, o sujetos a no competencia que no se pueden hacer cumplir según la ley estatal”, declaró en un comunicado Elizabeth Wilkins, directora de la oficina de planificación de políticas de la FTC.

La experiencia en los estados en que estas cláusulas se han limitado parece demostrar que, efectivamente, al permitirse una mayor movilidad laboral, los salarios aumentan. Así sucedió en Hawái que prohibió establecer estas cláusulas respecto de trabajadores en la industria tecnológica y de Oregon, que las prohibió desde 2008 respecto de trabajadores de bajos ingresos.

Aunque son varios los estados en donde estas restricciones no son ejecutables, incluido California, con su propuesta la FTC obligará a los patrones en todo el país a retirar de los contratos vigentes estas cláusulas y a informar a los trabajadores que son inaplicables.

La propuesta también hace ilegal que un patrón establezca en un nuevo contrato, o planee establecer una cláusula de no competencia con un trabajador, o que sugiera que el trabajador está limitado en su movilidad laboral con la competencia, cuando no lo está.

Lo interesante de esta propuesta, sin embargo, no es solo su contenido, sino el fundamento que la FTC está presentando para impulsar esta regla, pues su directora, Linda Kahn, sostiene que expedir esta regla forma parte de su facultad de prohibir “métodos de competencia desleal”, dispuesta en la ley federal.

Expertos aseguran que, de aprobarse la disposición, no estará exenta de recursos legales presentados en su contra. Así opina la abogada Kristen Limarzi, socia de la firma Gibson, Dunn & Crutcher y que se desempeñó en la división antimonopolio del Departamento de Justicia, señalando que se puede argumentar que la ley federal es muy ambigua como para facultar a la agencia a establecer una regla que prohíba estos acuerdos o cláusulas, recordando que sus facultades son muy limitadas.

Sin embargo, Linda Kahn ha estado presentando novedosos argumentos para tratar de impulsar la competencia económica y revertir políticas que durante años han permitido la limitación a la competencia económica. De esta forma ha presentado oposición a la compra de Meta, propietaria de Facebook, de adquirir una joven empresa de realidad virtual y que Microsoft adquiera a la empresa creadora de videojuegos Activision.

Cuando se anunció la propuesta, Linda Kahn aseguró que aprobar esta regla pondrá fin a la práctica de prohibir a los trabajadores cambiar libremente de trabajo, “privándolos de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, y privando a las empresas de un grupo de talentos que necesitan construir y expandir”, lo que promoverá “un mayor dinamismo, innovación y sana competencia.”

La propuesta está abierta por un periodo de 60 días a consulta pública, periodo tras el que se publicará una versión definitiva en la que se planea otorgar un plazo de gracia de 180 días a los patrones para observar su cumplimiento.

Más información nytimes.com

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