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Profesionistas de la medicina en California recurren ley que sancionará a profesionistas de la medicina que proporcionen información no consensuada a pacientes

Dos demandas se han presentado en contra de la ley que en California, Estados Unidos, sancionaría a los profesionistas de la medicina que divulguen a sus pacientes información sin fundamento científico o sin consenso científico, por considerar que atenta contra la libertad de expresión.

La ley, ratificada por el gobernador Gavin Newsom el 30 de septiembre, fue concebida como una respuesta a la información perniciosa que durante la pandemia por Covid-19 retrasó el esquema de vacunación o dificultó la contención del virus por presentarse información no probada sobre el uso del cubrebocas, por ejemplo.

Para tratar de combatir la desinformación en la comunidad médica, California impulsó esta ley, la primera en su tipo, que, mediante la Asociación Médica de California sancionaría a los profesionistas por “conducta no profesional”, al divulgar a sus pacientes información no probada o prescribir tratamientos que no tienen sustento científico, mediante la imposición de multas, suspensión temporal de la práctica profesional o incluso la inhabilitación para ejercer la medicina.

La ley, que está dispuesta para iniciar vigencia en enero, no sanciona la divulgación que se haga en medios masivos de comunicación, como redes sociales, y se refiere exclusivamente a la información proporcionada directamente a los pacientes.

Profesionistas de la medicina, sin embargo, han juzgado que se trata de una ley muy ambigua que podría terminar por sancionar opiniones diferentes al “consenso científico contemporáneo”, lo que podría inhibir la investigación y la divulgación científica.

Por tal razón, se han presentado dos demandas que cuestionan la constitucionalidad de la ley respecto de la libertad de expresión. Una demanda se presentó por cinco profesionistas en un tribunal del Distrito Oriental de California este mes y la otra el mes pasado en una corte federal en el Distrito Central de California.

Los argumentos que se exponen en estas demandas, que incluyen no solo médicos que, en su divulgación sobre el Covid-19, vacunas y tratamientos han sido desmentidos por sus posturas radicales, sino también investigadores y epidemiólogos reconocidos, son interesantes.

Por ejemplo, la epidemióloga y médica Tracy Hoeg, que ha escrito estudios revisados por pares desde que comenzó la pandemia, que cuestionaron algunos aspectos de las políticas gubernamentales adoptadas para detener la propagación de la COVID-19, argumenta que la comprensión médica del coronavirus continúa evolucionando y que los médicos deberían estar abiertos a seguir nuevas pruebas sobre el tratamiento y la prevención. El doctor Anthony Faucci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, también ha mencionado que lo que se conoce de la enfermedad va cambiando día a día, conforme va evolucionando.

“Va a causar una muy amplia autocensura y auto silenciamiento de los médicos con sus pacientes, porque no está claro lo que podemos decir y lo que no podemos decir”, declaró la doctora Hoeg. “No tenemos forma de saber si la Junta Médica de California acepta como consenso alguna información nueva o algunos estudios nuevos que surgen.”

Por su parte, el doctor Jeff Barke, promovente de la demanda en el Distrito Central, y quien ha prescrito los polémicos tratamientos con ivermectina e hidroxicloroquina, opina que la ley es un intento del estado de imponer una ortodoxia rígida a la profesión para descartar tratamientos experimentales o no probados. Junto con el doctor Mark McDonald, exponen que se trata de defender a los pacientes de una “enorme burocracia médica”, dominada por los grupos de presión farmacéuticos y el estado.

Cuando el gobernador Newsom ratificó la ley, emitió un comunicado en el que reconoció el desafío de proteger la libertad de expresión de los médicos, pero dijo que la ley se enfocaba estrictamente en intenciones maliciosas y desviaciones claras de los estándares de atención establecidos.

“Me preocupa el efecto paralizador que otras leyes potenciales pueden tener sobre los médicos y cirujanos que necesitan poder hablar de manera efectiva con los pacientes sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos para una enfermedad que apareció en los últimos años”, escribió. “Sin embargo, confío en que discutir ideas o tratamientos emergentes, incluidos los riesgos y beneficios posteriores, no constituye información errónea o desinformación según los criterios de este proyecto de ley”.

Desafortunadamente, la información sobre el Covid-19 y los tratamientos se convirtieron en bandera política, de tal forma que, mientras en los estados gobernados por el Partido Demócrata, como California, se impulsan medidas tendientes a frenar la desinformación, como la ley que es recurrida, los estados republicanos castigan lo contrario, como despedir personas por no cumplir reglas como la vacunación o el uso de cubrebocas.

Esta polarización política incluso ha llegado a los tribunales y, al reportar sobre estas acciones legales, se hace referencia de los jueces que revisan y quién los ratificó en el cargo, si un presidente demócrata, como el que escucha el caso del Distrito Occidental, o uno republicano, como el del Distrito Central, en un probable afán de mostrar su tendencia en el tema.

Es muy plausible que la ley no supere el test de constitucionalidad, porque en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de los Estados Unidos ha concluido que la libertad de expresión es tan amplia que se permite la divulgación de ofensas e, incluso, de información falsa.

Más información nytimes.com

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