Disposición que pondría un candado para privatizar los sistemas de administración de agua en nueva Zelanda, genera polémica
En Nueva Zelanda se está viviendo una crisis legislativa respecto de una muy polémica iniciativa de ley en materia de aguas, que podría poner candados a la ley para que no pueda ser fácilmente reformada, lo que pone dudas sobre la constitucionalidad de la medida.
Se trata de un proyecto del gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern, del Partido Laboral, denominado Three Waters, Tres aguas, que regula la administración de los sistemas de agua potable, alcantarillado y agua pluvial del país, con la creación de cuatro nuevos organismos estatales. Ha generado polémica porque el control de la administración de estos sistemas se quita a los consejos locales y si bien estos consejos seguirán teniendo cierta participación, tendrán que compartir este control con la misma cantidad de representantes iwi/maorís, respetando derechos reconocidos en tratados firmados con las naciones originarias.
Al crearse los organismos públicos, la iniciativa da por hecho de que se trata de servicios que permanecerán en el sector público. Sin embargo, para asegurarse de que siempre será así y que futuros gobiernos no procurarán entregarlos al sector privado, el gobierno ha estado cabildeando la posibilidad de incluir una disposición según la cual la ley solo pueda ser modificada con el 75 por ciento de los votos favorables del Parlamento.
El sistema legislativo neozelandés presenta flexibilidad para reformar la legislación, de tal forma que para aprobar una ley o una reforma legislativa se necesita una mayoría simple, es decir, 61 votos de los 120 parlamentarios.
Exigir lo que se ha llamado la “súper mayoría” del 75 por ciento de los votos de las y los parlamentarios, solo se ha dispuesto respecto de ciertas reformas a la Ley Electoral, sobre asuntos constitucionales como que el voto de una persona es secreto, que la edad para votar es 18 y que los mandatos parlamentarios son de tres años. Son candados en los que durante décadas todos los partidos políticos han estado de acuerdo en establecer.
Como los partidos políticos se han negado a establecer en la Ley de Tres Aguas esa súper mayoría, la semana pasada, el Partido Verde, aliado del Partido Laboral, presentó una reforma a la iniciativa según la cual solamente podrá ser reformada con el 60 por ciento de los votos a favor, es decir, 72 parlamentarios de los 120.
Esta propuesta es la primera de su tipo y ha sido aprobada con los votos de los parlamentarios laborales y verdes, lo que ha generado mucha polémica.
Independientemente del aspecto político, se ha planteado que aprobar esta disposición podría abrir la puerta para que esa súper mayoría se establezca en otras leyes, dificultando así las reformas legislativas.
La oposición a la aprobación de esta ley, que algunos perciben como una pérdida de democracia por restar facultades a los consejos de los estados y entregarlas a la federación, continúa y en este sentido, la primera ministra anunció que el asunto del candado a la ley ha sido presentado al comité parlamentario de negocios, en el que hay un representante de cada partido político, para que se determine cómo se va a proceder. De momento se desconoce si el gobierno, para lograr la aprobación de la Ley de Tras Aguas, se retracte de establecer la reforma con una súper mayoría legislativa.
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