Imprimir

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos el gobierno de George Bush intentó establecer que legalmente los sospechosos de terrorismo no quedaran sujetos a la Convención de Ginebra y que por ello se les negara el Habeas Corpus que es un derecho constitucional que tienen los detenidos para que sean presentados ante un juez quien deberá, basado en las evidencias, ordenar su liberación o la sujeción al proceso.

 

Sin embargo, el pasado 12 de junio, la Suprema Corte de Justicia resolvió que dicha propuesta era inconstitucional y que todo detenido, incluso sobre sospecha de terrorismo tenía el derecho de ser presentado ante un juez, en este caso federal, para que se determinara si existían pruebas suficientes para sujetarlo a proceso o no.

 

Por esta razón a partir de esa fecha la mayoría de los 255 detenidos por terrorismo en la base naval de Estados Unidos de Guantánamo han presentado su Habeas Corpus, pero ninguno de estos casos ha sido resuelto aún. Estos casos han sido retrasados por aspectos de procedimiento judicial interno sobre los que no se han puesto de acuerdo como determinar cuánta evidencia se puede considerar suficiente o saber cuando una sesión debe ser a puerta cerrada.

 

Los abogados de los detenidos en Guantánamo alegan que estas son maniobras gubernamentales para retrasar el inicio en vigor de la decisión de la Suprema Corte, quizá hasta el término de la presente administración y dejar así el asunto al siguiente presidente.

 

El departamento de Justicia, por su parte, alega que las decisiones concernientes a los prisioneros en tiempo de guerra son de competencia del poder ejecutivo y no del judicial y que sería irresponsable no instruir un buen procedimiento y dejar en libertad enemigos potenciales de la Unión Americana.

 

Pero este no es el único motivo de problemas en Guantánamo relativo al proceso judicial. En septiembre renunció otro fiscal militar. Su renuncia se debió a motivos éticos ya que expuso que sus superiores le ordenaron retener evidencia en un caso contra un hombre afgano que fue detenido en 2002 a los 16 años de edad, y que pudo haber supuesto demostrar su inocencia.

 

Este afgano fue acusado de lanzar una granada que hirió a dos soldados y un intérprete. Tras su detención fue llevado a Guantánamo y estando ahí el gobierno de Afganistán demostró que él no había sido culpable mediante la detención y captura de dos hombres culpados de lanzar la granada. Pero esta evidencia se consideró clasificada y por ello la parte defensora no pudo siquiera tener acceso a ella y en ese sentido implementar su estrategia a favor del acusado.

 

En 2004 otros dos fiscales en Guantánamo renunciaron por motivos parecidos, aunque los militares alegan que sus dichos son falsos y que las renuncias se debieron a motivos personales.

 

Los procesos judiciales de Guantánamo están bajo la lupa. Más aún el próximo 7 de costumbre cuando inicie el juicio, ante un juez federal, para dejar en libertad a un grupo de 17 personas detenidas en Guantánamo y que se ha demostrado que no son enemigas. Los abogados solicitan la liberación inmediata, pero el gobierno alega que pese a su inocencia no los dejaran vivir en Estados Unidos y que no han sido aceptados por ningún país y que por tal motivo deben permanecer en la base naval hasta que alguna otra nación los acepte. Este grupo de personas pertenece al grupo de Uighurs, musulmanes en China, país del cual huyeron hacia Afganistán donde fueron detenidos, y temen que de ser deportados a China sus vidas estén en peligro.

 

ACTUALIZACION

 

Este 7 de Octubre, un Juez de Distrito Federal ordenó la inmediata liberación de los 17 Uighurs y que además sean aceptados en el país en vista que ya no se consideran enemigo de Estados Unidos. Es así como su condición cambió para ser asilados políticos.

 

 

Fuente BBC Mundo y The New York Times

www.miabogadoenlinea.net