Reja con cadena y candado

 

Dos meses después de iniciada vigencia de reformas al Código Penal español en materia de delitos sexuales, se están reduciendo sentencias

El 7 de septiembre inició la vigencia en España de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley de solo sí es sí. Poco más de dos meses después se ha presentado una fuerte polémica por la reducción de penas de los sentenciados por delitos sexuales.

La citada Ley estuvo en tramitación poco más de un año y, entre sus reformas, eliminó la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual.

Previo a la reforma, el Código Penal español establecía dos tipos penales diferentes. La agresión sexual, cuando se atentaba contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación; y el abuso sexual en el que no mediaba la intimidación ni la violencia.

Ninguno de los delitos definía lo que debía entenderse por consentimiento, por lo que la diferencia entre la aplicación de uno y otro estribaba en la violencia o intimidación. Así, muchos casos en los que, en términos generales, se entiende como violación, es decir, en donde no ha mediado el consentimiento de la víctima, se procesaron como abuso sexual porque no medió violencia. Tal fue el caso de los responsables de la violación en grupo a una joven en 2016 en Pamplona, en el caso conocido como La Manada. Hasta que el caso llegó al Tribunal Supremo se concluyó que el delito cometido fue de agresión sexual.

Con esta nueva Ley, cuya finalidad es “la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales”, se reformaron varios artículos del Código Penal, entre ellos el 178, para quedar como sigue:

“1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

“2. A los efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

“3. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.”

El artículo 180 reformado rebaja el mínimo y el máximo de la pena de prisión. Antes de la reforma, el rango iba de cinco a diez años y ahora, de dos a ocho años en la agresión sin acceso carnal; y de doce a quince años, y ahora, de siete a quince años, en casos de agresión con acceso.

Por otra parte, el artículo 181 dispone que los actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años.

Con la reforma, los rangos de pena de prisión en delitos graves disminuye en su límite inferior, lo que ha dado pie para que, en atención al principio en materia penal de aplicación retroactiva de la norma más favorable al reo, se está solicitando la reducción de las sentencias de quienes han sido condenados por delitos sexuales.

En atención a lo anterior, un tribunal rebajó de cuatro a seis años la pena de cárcel a un condenado por violar a una mujer, por tratarse, conforme con la reforma de un delito de agresión sexual en grado mínimo.

Esta problemática fue advertida por la Judicatura cuando la iniciativa de ley estaba siendo revisada, señalando que incluso los jueces pueden actuar de oficio en la reducción de las penas, es decir, sin que tenga que ser solicitado.

La controversia ha generado una crisis política en el gobierno español, con la acusación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que los jueces están malinterpretando la ley, y la respuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura, exigiendo la inmediata dimisión de la ministra por las “descalificaciones”.

Lo más probable es que las reformas sean revisadas nuevamente en el Congreso. Sin embargo, pese a que se hagan los ajustes necesarios para evitar la reducción de las penas, no habrá marcha atrás para quienes se vean beneficiados con la medida vigente.

Las únicas que vuelven a perder son las víctimas de agresión sexual que verán a sus agresores en la calle antes de lo que se había considerado justo.

Más información infobae.com / boe.es / ineaf.es

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