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Mujer que en Australia fue condenada a pagar a exnovio por difamación por queja con la policía, apela la sentencia

La defensa legal de una mujer que en Australia fue sentenciada a pagar 10,000 dólares australianos a su exnovio por haberlo difamado cuando presentó una queja a un policía, ha presentado el caso en apelación para anular la sentencia.

El caso se refiere a una mujer de Sídney que en marzo de 2020 se quejó verbalmente de su exnovio con un policía, diciendo que no quería que el hombre volviera a contactarla. En septiembre, el juez Nathan Jarro, del Tribunal de Distrito de Queensland, la sentenció a pagar los 10,000 dólares australianos al exnovio por haberlo difamado.

En Australia, las demandas por difamación parecen ser usuales, no solo con políticos demandando o siendo demandados, sino, como en este caso, entre ciudadanos que se acusan unos a otros de haber difamado su carácter.

En esta historia, la pareja terminó su relación el 19 de marzo de 2020, cuando el novio descubrió que ella tenía una relación simultánea con otro hombre y que había durado varios años. Este hecho fue aceptado como cierto por el juez Jarro en el proceso.

El día de la ruptura, la mujer se aproximó a un policía en Nueva Gales del Sur y le dijo que no quería tener más contacto con el exnovio, a quien describió como “una persona mezquina” y “el tipo de persona que comete violencia doméstica”.

En estas declaraciones, ella dijo que el exnovio había continuado tratando de hacer contacto con ella después de que ella hubiera terminado la relación en febrero.

El policía se aproximó al hombre y, según consta en los expedientes policiales, le advirtió que no debería acercarse nuevamente a la mujer y que, de hacerlo, corría el riesgo de que se le dictara una orden de aprehensión por violencia, que es el mecanismo usado para proteger a las víctimas de violencia doméstica.

Una vez que el exnovio la demandó, la defensa legal de ella expuso dos defensas que están reguladas en la Ley de Difamación de 2005: la de privilegio calificado de derecho consuetudinario y la de trivialidad.

En su sitio web, la organización Hobart Community Leagl Service Inc., explica que la defensa de privilegio calificado aplica cuando la persona demandada comunicó la información a un receptor, en este caso la policía, que tiene interés en la información, es decir, en que la información es de interés público, entre otros. Esta defensa puede ser desestimada si quien demanda puede demostrar que la publicación o comunicación de la información fue realizada con malicia.

La defensa de trivialidad se puede presentar cuando un demandado puede establecer que las circunstancias de la publicación o comunicación de la información fueron tales que era poco probable que el demandante sufriera algún daño.

En el caso, el juez Jarro desechó la defensa de privilegio calificado porque “la policía no tiene interés ni obligación de recibir chismes o comentarios adversos”. Explicó que, incluso de haber aceptado la defensa, habría encontrado que la mujer fue motivada por malicia, porque ella estaba "impulsada por el deseo de venganza".

La defensa de trivialidad también fue desechada, por lo que el juez Jarro encontró culpable a la mujer de difamación. Explicó que la cantidad que había fijado se basaba en que la queja se presentó solo a un oficial de la policía.

Argumentando que con la sentencia “ha surgido una injusticia sustancial porque los costos incurridos por la demandada en la defensa del proceso son desproporcionados con respecto al interés que pretende reivindicar el demandante”, los abogados de la mujer presentaron en el Tribunal de Apelaciones de Queensland una solicitud para apelar la decisión, explicando que se plantea un problema de interés público y que la decisión es “manifiestamente incorrecta”.

La decisión de apelar adquiere importancia porque en fechas recientes, los estados y territorios australianos han estado contemplando reformas a la Ley de Difamación para que las personas no puedan ser demandadas por difamación por quejas ante las autoridades, incluso si el quejoso deliberada o maliciosamente hizo una declaración falsa o engañosa.

Más información smh.com.au

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