Tribunales en Londres

 

La huelga de abogados penalistas en Inglaterra es una razón adecuada para, de momento, ampliar plazos de detención, señala decisión del Tribunal Superior

La huelga que los litigantes penalistas de Inglaterra y Gales iniciaron a principios de septiembre ha tenido varias consecuencias, entre ellas la liberación de presuntos responsables de delitos graves en detención, por la expiración de los plazos de detención.

La huelga indefinida de abogadas y abogados penalistas inició el 5 de septiembre, pidiendo un aumento del 25 por ciento al pago por trabajo de asistencia legal.

A partir de ello, un juez en Brístol y una juez en Manchester se negaron a ampliar el límite de tiempo en custodia de las personas imputadas por la comisión de un delito, que es de seis meses, argumentando que la falta de abogado no era causa suficiente para mantener a los detenidos en prisión más allá de los 6 meses.

Estas dos decisiones fueron recurridas por el director de la fiscalía pública, DPP, por sus siglas en inglés, para forzar a jueces a ampliar los periodos de detención pese a la falta de abogados debido a la huelga.

La magistrada Victoria Sharp y el magistrado Chamberlain del Tribunal Superior, encargados de resolver este asunto, señalaron en su decisión escrita que la falta de un abogado era imprevisible y no una situación "crónica o rutinaria", por lo que es una razón buena y suficiente para extender los límites de tiempo de custodia.

Sin embargo, aclararon que se trata de una postura que es momentánea, pues en la última semana de noviembre, cuando habrán pasado tres meses desde que el Colegio de Abogados Penalistas, CBA, anunció la huelga indefinida, “es poco probable que la ausencia de representación legal en el contexto de la acción de la CBA sea capaz de proporcionar una razón suficiente para extender plazos de custodia”.

En la decisión, los magistrados señalaron que, si bien un aplazamiento constituye una causa suficiente para extender el tiempo de prisión preventiva, debe ser específico para cada caso. Su decisión, sin embargo, brinda orientación a las y los jueces que mientras continúa la huelga se enfrentan cada vez más a decisiones sobre si liberar a los acusados, que bajo el principio de presunción de inocencia, son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero que son potencialmente peligrosos.

Respecto de los casos que se presentaron en Brístol y Manchester, los magistrados dijeron que pese a que los jueces cometieron errores de derecho al ordenar la liberación de los detenidos, como el plazo de detención ha expirado, no tienen facultad para prorrogarlo, rechazando con este argumento la solicitud de la fiscalía de anular las decisiones.

En el caso del procesado en Manchester, quedó en libertad bajo fianza, pero el procesado en Brístol sigue detenido al haberse declarado culpable de dos de los cinco cargos que se presentaron.

Finalmente, como una advertencia general a las y los jueces, los magistrados dijeron: “No es necesario ni apropiado que los jueces atribuyan la culpa de la disputa actual entre la CBA y el Ministerio de Justicia a un lado o al otro, o comenten sobre sus causas subyacentes."

Con el establecimiento de un estado de bienestar, en 1949 se implementó un sistema de asistencia legal que en Inglaterra y Gales ofrece ayuda a quienes no pueden pagar orientación legal, mediación familiar y representación ante los tribunales en materia penal y en algunos casos civiles. Es el Ministerio de Justicia el que se encarga de pagar a las y los abogados litigantes que ejercen representación bajo este esquema de asistencia legal.

Desde 1997, los gobiernos conservadores han estado recortando el presupuesto a la asistencia legal, lo que significa que los abogados penalistas que llevan estos casos, perciben menos ingresos. Pese a las demostraciones que desde entonces se ha presentado, el presupuesto no ha aumentado, lo que llevó a los miembros del CBA a tomar la decisión de suspender sus labores hasta que se cumplan sus demandas.

Más información theguardian.com

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