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Abogadas que visitaron a Julián Assange cuando estuvo en la embajada de Ecuador en Londres, demandaron a la CIA por intrusión a su privacidad

En una corte de distrito de Nueva York, Estados Unidos, dos abogadas y dos periodistas presentaron una demanda en contra de la CIA y de su exdirector Mike Pompeo, quien luego fue secretario de estado, por haber obtenido ilegalmente información con referencia a sus conversaciones con Julián Assange.

Las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas Charles Glass y John Goetz, todos de nacionalidad estadunidense, presentaron la demanda en contra de la CIA, de exiderectores de la CIA, del exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien también fue director de la agencia de enero de 2017 a abril de 2018, y de la empresa de seguridad Undercover Global S.L., por violación a su derecho constitucional a la privacidad como ciudadanos estadunidenses.

En la demanda se expone que cuando las abogadas y los periodistas visitaron a Julián Assange en la embajada de Ecuador en Londres, en donde estuvo asilado de 2012 a 2019, sus conversaciones con el fundador de Wikileaks fueron ilegalmente grabadas.

También se señala que, como tenían que dejar sus dispositivos electrónicos al ingresar a la embajada, la empresa Undercover Global tuvo acceso a los archivos, audios, imágenes y metadatos que estaban en esos dispositivos, sin tener orden judicial para hacerlo y con conocimiento de Mike Pompeo.

“La información contenida en los dispositivos de los demandantes fue copiada y, en última instancia, entregada a la CIA”, se lee en la documentación legal. “El acusado Pompeo estaba al tanto y aprobó la copia de la información contenida en los dispositivos electrónicos móviles de los demandantes y el monitoreo de audio subrepticio de sus reuniones con Assange”, se afirma.

Adicionalmente, se alega en la demanda que Undercover Global, una empresa fundada en España y que tenía el contrato de seguridad en la embajada ecuatoriana, instaló micrófonos en las instalaciones sin conocimiento del gobierno ecuatoriano, y envió grabaciones e imágenes de cámaras de seguridad a la CIA.

Por estas acusaciones, la empresa fue denunciada en España y en Ecuador. En España, el abogado Carlos Poveda, representante de Julián Assange, dijo que la demanda ha avanzado mucho. “Incluso estuvieron detenidos los que intentaron vender información, están ya procesados y el juez ha ido más allá pidiendo los contratos de los beneficiarios en Estados Unidos con la empresa UC Global, eso alcanza ribetes más grandes de la investigación”. En Ecuador, por su parte, el gobierno está tratando de que se deseche la demanda.

Por las intrusiones a la privacidad de las abogadas y de los periodistas, el abogado Robert Boyle, representante legal en la demanda presentada esta semana en Nueva York, declaró que este presunto espionaje tiene consecuencias más amplias porque se ha negado a Assange su derecho a un juicio justo en los Estados Unidos.

“Debería haber sanciones, incluso hasta la desestimación de esos cargos o el retiro de la solicitud de extradición”, dijo el abogado Boyle a los periodistas al comunicar los alcances de la demanda presentada.

Los tribunales británicos han fallado por la extradición de Julián Assange a los Estados Unidos, país en donde es requerido desde 2012 por la publicación de información clasificada que fue filtrada por Chelsea Manning. Se le han imputado delitos basados en la Ley de Espionaje, que podrían resultar en una pena de hasta 175 años de prisión. Paradójicamente, esta ley es la misma en la que se fundamentó la orden de cateo a la propiedad de Donald Trump en Florida.

Es innegable que el proceso en contra de Julián Assange está muy contaminado. La aseveración del fundador de Wikileaks en tribunales británicos de que en los Estados Unidos se le negaría su derecho a un debido proceso, parecería estar más que probada, pero las decisiones parecen obedecer más a razones políticas que jurídicas. Si este proceso se intentara seguir en un país africano o latinoamericano, muy seguramente se habría negado la extradición.

Más información theguardian.com / elciudadano.com

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