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Dos periodistas y un abogado fueron detenidos en Zimbabwe bajo un ambiguo tipo penal que sanciona la difusión de mensajes falsos

El 3 de agosto, dos periodistas y el abogado del periódico en que trabajan fueron detenidos en Zimbabwe con fundamento en la nueva Ley de Protección de Datos y Cibernética por el delito de la comunicación o difusión de "mensajes de datos falsos".

Desde el anterior gobierno de Robert Mugabe, la crítica al presidente y a su partido era perseguida, por lo que los ataques a periodistas y a la libertad de prensa y de expresión eran constantes. Con la llegada al poder de Emmerson Mnangagwa se pensó que la situación iba a variar. Sin embargo, las acciones en contra de los críticos del gobierno escalaron, con los profesionales de los medios como blanco especial.

En mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras señaló que Zimbabwe ha descendido aún más en el Índice de Libertad de Prensa, del lugar 130 en 2021 al lugar 137 en 2022.

De esta forma, políticos de la oposición y activistas de derechos humanos se encuentran detenidos por la policía, y los defensores de la libertad de prensa no se salvan, a pesar de los llamados de países que expresan su preocupación por lo que se considera arrestos arbitrarios.

Un ejemplo de esta represión son los tres procesos iniciados en contra del periodista Hopewell Chin'ono, que se convirtió en una voz muy importante de denuncia de los actos de corrupción que se están cometiendo bajo el gobierno de Emmerson Mnangagwa.

Los dos periodistas detenidos en agosto son los primeros a quien se les aplica la nueva ley que inició vigencia en marzo. Según esta normativa, “incurrirá en delito [de transmisión de mensaje de datos falsos con la intención de causar daño] el que ilícita e intencionadamente por medio de un sistema informático o de información, ponga a disposición, transmita o distribuya a otra persona datos relativos a una persona identificada o identificable a sabiendas de que son falsos con la intención de causar un daño psíquico o económico”. Este delito es sancionado con multa y/o pena de prisión por un período que no exceda los cinco años.

"Estos arrestos son una tendencia preocupante, ya que técnicamente se invocan disposiciones del derecho penal para criminalizar el periodismo", dijo Otto Saki, un abogado de derechos humanos de Zimbabwe. "Estas disposiciones son manifiestamente inconstitucionales y es probable que sean anuladas por la corte constitucional", agregó el abogado Saki.

Los periodistas que fueron arrestados son Desmond Chingarande, autor del artículo cuestionado, y Wisdom Mdzungairi, editor jefe del medio Newsday, además del abogado del medio. El artículo por el que fueron detenidos se refiere a una empresa privada que presuntamente es administrada por personas con importantes conexiones políticas.

Sobre estos arrestos, Tawanda Majoni, periodista de investigación y coordinador nacional de Information for Development Trust, una ONG que apoya proyectos locales de periodismo de investigación, señaló que "aquellos que instigaron el arresto de los tres, claramente, tenían opciones más decentes para usar, que ignoraron de manera reveladora como una sugerencia de los tiempos difíciles que se avecinan para los periodistas".

"Podrían simplemente haber apelado a la Autoridad de Protección de Datos para que interviniera y habrían apelado al Consejo de Medios Voluntarios de Zimbabwe o a la Comisión de Medios de Zimbabwe. Entonces, esto es como si algunas personas estuvieran siendo utilizadas para probar la nueva ley”.

Los arrestos fueron condenados por la organización Media Institute of Southern Africa (MISA) que en comunicado de prensa señaló lo siguiente: “MISA Zimbabwe reitera su posición de larga data de que cuando los periodistas estén asumiendo sus deberes profesionales, estarán ejerciendo sus derechos constitucionales según lo estipulado en la Sección 61 de la Constitución y que tienen derecho a buscar, recibir y difundir información".

“Cualquier limitación a este derecho debe calificar bajo la prueba triple, que requiere legalidad, proporcionalidad y necesidad. También es nuestra posición que las sanciones penales por noticias falsas son desproporcionadas e innecesarias”, agregó la organización en su comunicado.

Es altamente probable que más periodistas sean imputados bajo la nueva ley, que ha sido criticada por otorgar excesivos poderes a las autoridades y al Ministerio de Información, lo que permite el control de las comunicaciones electrónicas privadas en violación de la constitución del país.

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