Bosque y cascada en Kenia

 

Corte Africana ordenó al gobierno de Kenia a compensar y restituir la propiedad despojada en 2008 a la comunidad ogiek

El 23 de junio, la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos ordenó al gobierno de Kenia la restitución de las tierras ancestrales a la comunidad originaria ogiek, que comprende a unas 40,000 personas que en 2008 fueron desalojadas de sus propiedades en el bosque de Mau.

El bosque de Mau se localiza en el valle de Rift en Kenia y es el punto de origen de varios ríos. Ancestralmente, ha sido ocupada por los ogiek, una comunidad cazadora y recolectora que logró proteger el bosque, hasta que otras comunidades llegaron a establecerse en la zona. Con estos nuevos asentamientos, el bosque empezó a ser talado, lo que a su vez llevó a menos lluvias. En 2008 se ordenó la reubicación de los ogiek con el presunto objetivo de proteger el bosque.

Desde entonces esta comunidad ha estado luchando para no ser desalojados y para que se les reconozca la propiedad de las tierras.

Con el apoyo de varias organizaciones, el Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek, OPDP por sus siglas en inglés, presentó recursos legales que terminaron en 2017 con la decisión de la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos en contra del gobierno de Kenia, al que señalaron como responsable de haber violado los derechos a la vida, la propiedad, la no discriminación, la cultura, la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales y el desarrollo de los ogiek. La Corte declaró que en una fecha posterior decidiría las reparaciones y compensaciones debidas.

Esa fecha posterior finalmente llegó el 23 de junio, cuando se ordenó al gobierno de Kenia a indemnizar con 157 millones de chelines kenianos, más de 13 millones de dólares estadunidenses, además de la obligación de delimitar, demarcar y entregar títulos de propiedad a los ogiek en el bosque de Mau.

Reconociendo que en la zona ya hay asentamientos de personas ajenas a los ogiek, la Corte Africana ordenó al gobierno de Kenia a iniciar el diálogo para restitución de las tierras, estableciendo que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno deberá desalojar a los ocupantes y a entregar la tierra a los ogiek.

El gobierno de Kenia tiene un año para implementar la decisión y enviar un reporte a la Corte Africana.

Hacerlo, sin embargo, implica un dolor de cabeza para el gobierno porque se trata de una zona muy comprometida en donde hay varios intereses, no solo de otras comunidades originarias, sino también de empresas y de políticos.

De esta forma, en los tribunales de Kenia están en marcha varios procesos para evitar el desalojo de las tierras. En uno, 500 personas se oponen a la cancelación de los títulos de propiedad concedidos por administraciones pasadas. En otro, el recurso es presentado por más de 50,000 personas que se oponen a ser desalojadas y que piden se reconozcan los títulos de propiedad que el gobierno les entregó en 1997, 2005 y 2013. En estos procesos lo ogiek se han presentado como parte interesada y se oponen terminantemente a que sus tierras ancestrales sean entregadas a otros pobladores o que el gobierno las destine para el desarrollo de empresas o proyectos que no tienen relación con ellos.

La Corte Africana ha sido clara en su decisión e idealmente esta sentencia deberá tomada en cuenta por los tribunales locales cuando fallen en los casos que están resolviendo.

“Los ogiek han estado esperando demasiado tiempo para la implementación significativa de la sentencia de la Corte de 2017”, declaró Samuel Ade Ndasi, oficial de defensa de la Unión Africana de la organización Minority Rights Group. “El momento es ahora. Esperamos que esta sentencia de reparaciones reivindique la larga lucha de la comunidad.”

Más información minorityrights.org / standardmedia.co.ke

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