Sala judicial

 

Inició en Honduras juicio en contra de exfuncionarios por corrupción en otorgamiento de concesiones en territorio indígena, denunciado por Berta Cáceres

En el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Honduras, inició este lunes el juicio oral y público del caso identificado como Fraude sobre el Gualcarque en que se procesan a seis exfuncionarios públicos implicados en la concesión de permisos y licencias del río Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Las concesiones se otorgaron en los territorios de la comunidad originaria Lenca, vulnerando sus derechos a la tierra y al agua. A este proyecto se opuso la ambientalista y líder indígena lenca Berta Cáceres Flores, asesinada en marzo de 2016.

Como lo señala la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, se trata del primer juicio en el que comunidades indígenas son parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos. Este derecho les fue concedido tras la presentación de un recurso de amparo por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para ser incluidos como víctimas en el proceso. En este proceso, la Corte Suprema de Justicia declaró el derecho del COPINH, y posteriormente al Consejo Indígena de Río Blanco, a ser consideradas como acusación privada en este proceso de corrupción y a ejercer sus derechos en el proceso.

El proceso iniciado esta semana se lleva en contra de Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores, Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano y Raúl Pineda Pineda por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

El argumento del Ministerio Público es que los acusados incurrieron en delitos contra la administración pública para “lograr que una empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque”.

Las constantes denuncias presentadas por Berta Cáceres permitieron “develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Roberto David Castillo Mejía ya fue sentenciado a 22 años y seis meses por el asesinato de Berta Cáceres. Él era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), y al mismo tiempo, según las investigaciones, ejercía un cargo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cuando Roberto Martínez Lozano era el gerente.

Durante la primera audiencia del proceso, la juez presidente sancionó con dos salarios mínimos vigentes a los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez, defensores de David Castillo, por no acatar la norma del código de conducta y haber mentido al tribunal al haber solicitado el aplazamiento de la audiencia por estar representando a otras personas en otro proceso, lo que fue desmentido por el Tribunal de Sentencia en Materia Penal.

La audiencia del martes fue aplazada para la tarde de hoy miércoles porque el abogado de dos imputados no se presentó por una incapacidad médica.

Se prevé que el proceso podría alargarse hasta el 19 de agosto.

La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, conformada por varias organizaciones hondureñas e internacionales en septiembre de 2018 para observar el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres, ha denunciado que las fraudulentas concesiones otorgadas sobre el territorio de los lenca continúan vigentes.

Más información criterio.hn / elperiodico.com.gt / fidh.org

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