Mazo judicial

 

Ceilanesa que presentó caso contra el gobierno neerlandés por su adopción ilegal ganó su caso y podrá ser compensada

En la demanda presentada por una mujer en contra de Países Bajos, la Corte de Apelaciones de La Haya falló a su favor al encontrar que el gobierno neerlandés y la agencia de adopciones que intermedió en su adopción internacional, incurrieron en responsabilidad al no haber investigado más el sistema de adopciones en Sri Lanka.

El caso fue presentado por una mujer llamada Dilani Butink que fue adoptada por una familia en Países Bajos en 1992. Cuando ella intentó localizar a su familia biológica en Sri Lanka encontró que su acta de nacimiento fue falsificada, lo que le ha impedido encontrar a sus padres biológicos.

Si bien la adopción de esta mujer se cumplió conforme con las reglas y leyes establecidas en Países Bajos respecto de las adopciones internacionales, el tribunal concluyó que el gobierno y la agencia de adopciones debieron haber investigado más, especialmente porque se presentaron ciertas alertas de que en Sri Lanka el procedimiento no era transparente.

En 2017 el gobierno de Sri Lanka aceptó haber establecido en la década de los años ochenta, “fábricas de bebés” para personas de países industrializados dispuestos a adoptar bebés. En estos trámites, mujeres se hacían pasar por las madres fingiendo voluntariamente entregar en adopción a los bebés. La procedencia de los bebés es incierta porque sus actas de nacimiento fueron falsificadas.

Por sospechas sobre adopciones ilegales de bebés de Brasil en la década de los años 70 y 80, el gobierno neerlandés comisionó al exfuncionario público Tjibbe Joustra a investigar el sistema de adopciones de 1977 a 1997. Su conclusión, conocida como el reporte Joustra, llevó en febrero de 2021 al gobierno a suspender todas las adopciones internacionales, en tanto se delineaba un nuevo sistema que otorgara mayor seguridad jurídica a niñas y niños adoptados.

En abril de 2022, el ministro de Protección Legal, Franc Weerwind, envió a la Cámara de Representantes del Parlamento un documento en el que declaró que desde ese momento las adopciones internacionales solo serían posibles respecto de niñas y niños que no pudieran ser genuinamente cuidados y criados en sus países de origen y que estas adopciones quedarían sujetas a condiciones más estrictas.

Bajo las nuevas reglas, las adopciones internacionales quedaron a cargo de una sola institución estatal con mayores facultades, en lugar de en las cuatro agencias privadas que existían. Además, si durante el proceso se considera que el país de origen del menor puede proporcionar la atención adecuada al infante o hacen los suficientes esfuerzos para lograrlo, el procedimiento se dará por concluido y no se tramitará la adopción.

Aparte de una mayor supervisión, el gobierno se comprometió a ofrecer apoyo a los diferentes países para facilitar un buen cuidado y alojamiento para los niños en sus países de origen, fortaleciendo la cooperación internacional.

“Para mí, el interés del niño siempre es primordial. Es por eso que he decidido que la adopción de niños del extranjero solo sea posible si esto beneficiará al niño. Estoy acoplando esto con condiciones más estrictas para reducir el riesgo de abusos en la medida de lo posible. Me doy cuenta de que este es un tema sumamente delicado y que para algunas personas esta decisión no es la que esperaban. Permanezco en diálogo con todas las partes para desarrollar e implementar estos planes de la mejor manera posible”, señaló el ministro Weerwind a los parlamentarios.

El caso presentado por Dilani Butnik en contra del gobierno neerlandés fue el primero de su tipo tras la publicación del Reporte Joustra. Su caso ya había prescrito, pero el gobierno decidió responderlo, aunque la agencia de adopciones que tramitó su adopción declara que no es responsable de lo sucedido.

La decisión de la Corte de Apelaciones permite a Dilani Butnik a presentar una demanda civil para exigir una compensación para pagar los gastos en que incurrió al buscar sin posibilidades de éxito a su familia biológica en Sri Lanka. Además, ella quiere que se cree en el país una base de datos genética de personas adoptada de Sri Lanka. Las adopciones ilegales, sin embargo, no solo son de ese país y también hay muchos adoptados chilenos o argentinos, por ejemplo, en el mismo caso.

La abogada que representó en el caso a Dilani Butnik, Lisa-Marie Komp, dijo que esta decisión beneficiará particularmente a adoptados de Sri Lanka. “Ellos deberán presentar sus casos porque las circunstancias difieren, pero los argumentos del tribunal abarcan un amplio terreno. El estado no debió haber confiado en el gobierno de Sri Lanka para monitorear las adopciones.”

Más información dutchnews.nl / government.nl

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