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Parlamento Europeo aprobó con más de 500 votos, dos leyes que regulan más estrictamente los servicios y mercados digitales

Después de haber negociado los detalles con la Comisión Europea, el Parlamento de la Unión Europea aprobó este martes dos leyes que se consideran “sin precedentes para garantizar la rendición de cuentas de las tecnológicas, dentro de un mercado digital abierto y competitivo”.

Se trata de la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales, que tienen por objeto abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico, estableciendo reglas claras para regular el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas empresas en la Unión.

La Ley de Servicios Digitales se refiere a los proveedores de servicios digitales, como Meta, Twitter o Amazon, y las obligaciones que tienen frente a situaciones que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación.

Las obligaciones que las empresas deben cumplir son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía. Así, las obligaciones son más estrictas para las plataformas de más de 45 millones de usuarios mensuales. Por ejemplo, están obligadas a la prevención de riesgos sistémicos, como la difusión de contenidos ilícitos, además de ofrecer a los usuarios la posibilidad de negarse a recibir recomendaciones basadas en la elaboración de perfiles, así como facilitar a las autoridades e investigadores habilitados el acceso a sus datos y algoritmos.

Se establecen otras obligaciones y prohibiciones como la prohibición de prácticas engañosas y de ciertos tipos de publicidad selectiva, como la dirigida a los niños y los anuncios basados en datos confidenciales, así como de las interfaces engañosas o los llamados “patrones oscuros” y de toda práctica diseñada para manipular las elecciones de los usuarios.

La Ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés) establece obligaciones para las grandes plataformas en línea que ejercen como “guardianes de acceso”, es decir, aquellas plataformas cuya posición dominante aboca a prácticamente todos los usuarios a utilizarlas, como Apple o Microsoft. El objetivo de esta ley es que se verifiquen procesos de libre competencia, asegurando una mayor oferta de servicios para los consumidores.

De esta forma, en esta ley se obliga a que estas empresas permitan que terceros interoperen con sus servicios. Esta medida abre la puerta a que las plataformas más pequeñas soliciten a las plataformas de mensajería dominantes que sus usuarios puedan intercambiar mensajes, enviar mensajes de voz o archivos de una aplicación de mensajería a otra.

Asimismo, establece medidas para permitir a los usuarios profesionales acceder a los datos que generan en la plataforma del guardián de acceso, promover sus propias ofertas y celebrar contratos con sus clientes al margen de la plataforma del guardián de acceso.

Entre las prohibiciones que se establecen está dar trato favorable a sus propios servicios y productos en detrimento de los de terceros, impedir que los usuarios desinstalen fácilmente las aplicaciones o programas preinstalados o que utilicen aplicaciones y tiendas de aplicaciones de terceros, y, tratar los datos personales de los usuarios para enviarles publicidad dirigida sin su consentimiento expreso.

La verificación del cumplimiento de ambas leyes queda a cargo de la Comisión que está facultada para efectuar investigaciones de mercado e imponer multas a los guardianes de acceso por un importe de hasta el 10 por ciento de su facturación mundial total en el ejercicio fiscal precedente, que podría ascender hasta el 20 por ciento en caso de reincidencia.

Como las leyes fueron acordadas con la Comisión, solamente queda el proceso de aprobación formal por ese organismo, este mes de julio de la DSA y en septiembre de la DMA. Después, serán publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor veinte días después de su publicación.

La DSA será directamente aplicable en toda la Unión Europea quince meses después de su entrada en vigor o a partir del 1 de enero de 2024 (la fecha más tardía de las dos). Los requisitos para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño se aplicarán antes: cuatro meses tras su designación como tales por la Comisión.

La DMA comenzará a aplicarse seis meses después de su entrada en vigor, concediendo a los guardianes de acceso un plazo máximo de seis meses a partir de su designación para cumplir con las nuevas obligaciones.

Más información europarl.europa.eu

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