Mazo judicial

 

La CPI y el gobierno de Gambia se están allegando de pruebas y recursos para procesar a Yahya Jammeh por crímenes contra la humanidad

Ha trascendido que la Corte Penal Internacional, CPI, que el viernes cumplió 22 años de existencia, está investigando la posible comisión de delitos contra la humanidad bajo las órdenes del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh, quien, además, es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Alhaji Sheikh Professor Dr Yahaya Abdul Aziz Jamus Junkung Jammeh, nombre completo de Yahya Jammeh, expresidente de Gambia, llegó al poder en 1994 por un golpe de estado. Ha sido acusado de gobernar con mano dura y de tomar decisiones de forma unilateral respecto de la empobrecida nación africana, excolonia británica. En diciembre de 2016 fue derrotado en las elecciones por el actual presidente Adama Barrow y Jammeh se exilió en Guinea Ecuatorial.

El gobierno del presidente Barrow creó la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparaciones, TRRC por sus siglas en inglés, para investigar las múltiples denuncias de delitos cometidos por su antecesor y que incluyen reclamaciones de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y, por supuesto, violaciones, como la que denunció una ex reina de belleza.

Si bien la Constitución de 1997 dispone que ningún miembro del extinto Consejo de Gobierno Provisional de las Fuerzas Armadas (AFPRC) será considerado "responsable ante un tribunal o autoridad o en virtud de esta Constitución o cualquier otra la ley, ya sea conjunta o solidariamente, por un acto u omisión en el desempeño de sus funciones oficiales”, la TRRC ha recomendado al gobierno no conceder esta amnistía ni a Yahya Jammeh ni a los Junglers, un escuadrón que operó bajo órdenes del entonces presidente.

El gobierno ha aceptado esta recomendación: “El gobierno acepta las recomendaciones de la Comisión. La Corte Suprema en el caso Yankuba Touray contra la inmunidad del Estado ha resuelto la cuestión de la inmunidad con el efecto de que Yahya Jammeh no puede beneficiarse de las disposiciones de inmunidad de la Constitución por los delitos de los que se le acusa.”

La Comisión declaró haber recibido pruebas de graves ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos contra la humanidad, presuntamente cometidos bajo las instrucciones de Jammeh.

Asimismo, el gobierno ha aceptado proceder penalmente en contra de los Junglers: "El gobierno toma nota del informe del Comité de amnistía sobre el otorgamiento de inmunidad. Sin embargo, la inmunidad no es aplicable a quienes tienen la mayor responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos durante el período en cuestión y por los crímenes de lesa humanidad".

Con fundamento en la jurisdicción universal, un integrante de este escuadrón está siendo procesado en Alemania. En su proceso, otro integrante, que era testigo de la fiscalía, se negó a declarar por temor a incriminarse.

La decisión del gobierno de Barrow ha sido bien recibida por organizaciones de derechos humanos y por la campaña Jammeh2Justice. Sin embargo, como lo señala Human Rights Watch en un comunicado, para que el expresidente pueda ser procesado, se debe recorrer un largo camino.

“Esperábamos que el gobierno brindara mayor claridad y detalle sobre el marco judicial que pretende crear para esos enjuiciamientos. Desde 2019, el Colegio de Abogados de Gambia ha liderado una serie de consultas de múltiples partes interesadas que propusieron un tribunal ‘híbrido’, anclado en un tratado con Ecowas [Comunidad Económica de Estados de África Occidental] con personal gambiano e internacional, con un papel mucho mayor para las víctimas que en el sistema gambiano actual, y con la posibilidad de detener a sospechosos y celebrar juicios fuera de Gambia. Sin embargo, sea cual sea el camino que elija el gobierno, aún se deben promulgar leyes, se debe establecer el marco judicial, se deben preparar los casos y se debe extraditar a Yahya Jammeh”, se lee en el mencionado comunicado.

Por su parte, el abogado Lamin Darboe instó recientemente al gobierno a usar los poderes diplomáticos para juzgar a Jammeh porque Gambia no tiene los recursos financieros para hacerlo. Por eso sugirió que el gobierno se vincule con la ONU, con otros países y con agencias internacionales interesadas en la financiación de este proceso.

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