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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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La semana pasada fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien lanzó una acusación al gobierno de Venezuela, de utilizar al sistema judicial como medio para perseguir a los opositores del gobierno de Hugo Chávez.

 

Y esta semana la misma declaración es realizada por Amnistía Internacional, organismo que a través de Guadalupe Marengo, subdirectora del programa para las Américas, señala que "los cargos que se están presentando por razones políticas contra personas críticas son utilizados para silenciar la disidencia y prevenir que otros se pronuncien”.

 

Ambas declaraciones se presentan tras las recientes detenciones de tres opositores al gobierno de Chávez: ex gobernador del estado de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, el parlamentario Wilmer Azuaje y el de Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión.

 

El gobierno justifica que las detenciones se presentaron tras denuncias penales que no están relacionadas con sus opiniones sobre el gobierno, negando de esta manera las declaraciones de los organismos citados previamente y de numerosos opositores al gobierno que se han quejado de esta misma situación.

 

El gobierno de Venezuela ha hecho también fuertes declaraciones en contra de la CIDH, organismo al que acusa de parcialidad en su toma de decisiones e incluso llegó a anunciar la pretensión de denunciar el tratado que los vincula jurídicamente con las decisiones tomadas por la Corte.

 

El desarrollo del proceso en contra de estos detenidos será visto cercanamente por organismos internacionales que han acusado al gobierno de una constante violación a los derechos humanos de los venezolanos, no solo en cuanto a su libertad de expresión, sino también a un debido proceso.

 

Fuente BBC Mundo

 

 

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