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Gran debate ha suscitado en Corea del Sur la propuesta del saliente gobierno de eliminar la facultad de investigación de las fiscalías

En Corea del Sur se está viviendo un intenso debate respecto de las iniciativas de reformas a las leyes de la fiscalía y del procedimiento penal para despojar a la fiscalía de sus facultades de investigación de delitos.

Se trata de una propuesta que está en un comité de coordinación de la Asamblea Nacional y que fue presentada por el Partido Demócrata, del saliente presidente Moon Jae-in, a la que se han opuesto partidos de oposición y sobre la que el presidente electo, Yoon Seok-yeol, quien se desempeñó como fiscal general, ha guardado distancia.

A la iniciativa, por supuesto, se han opuesto los fiscales coreanos, quienes han sostenido varias reuniones para analizar y discutir las reformas del ley propuestas. Así, durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, se reunieron 2017 fiscales públicos de todo el país. Se trata de la primera reunión de este tipo en 19 años y siguió a una serie de reuniones de fiscales de mayor jerarquía.

Resultado de esta maratónica reunión de diez horas, la mañana del miércoles los fiscales presentaron un comunicado en el que señalaron que la estrategia seguida por el Partido Demócrata para que las reformas sean aprobadas antes de que termine el presente gobierno es de “negligencia criminal”.

En el comunicado, los fiscales declaran que la iniciativa de reformas hace que sea “difícil proteger a las personas de la mayoría de los delitos relacionados con el bienestar público y financieros, como la violencia sexual, los delitos violentos y el phishing de voz que las personas pueden encontrar en su vida diaria”.

“El proyecto de ley hace imposible que los fiscales verifiquen incluso los hechos básicos, lo que genera víctimas injustas. También elimina los procedimientos de reparación, incluso si las víctimas se oponen a ser juzgadas por los fiscales”, se añade en el comunicado.

En este documento, los fiscales públicos también señalan que el proyecto de ley interpreta arbitrariamente la Constitución, privando a los fiscales del derecho a investigar y solicitar directamente órdenes de arresto. El proyecto de ley también reconoce el derecho de la policía a solicitar órdenes de arresto directas, lo que, afirman, es una violación de la Constitución.

La controversia sobre la facultad investigadora de la fiscalía es una que ha enfrentado a las fiscalías con la policía en Corea del Sur durante varios años. De esta forma se propone que una reforma al sistema judicial debe empezar por separar esta facultad de tal forma que sea exclusiva de las policías.

Pese a que el presidente electo Yoon fungió como fiscal general durante el gobierno del presidente Moon, su partido político, Poder Popular, se ha distanciado de la propuesta. De esta forma, integrantes del partido han argumentado la ofensa de una legisladora como la excusa para no presentarse en el debate, mientras que el presidente electo ha declinado declarar sobre el tema.

Esta semana, un vocero de Yoon declaró que “es un tema de legislación discutido en la Asamblea Nacional. Estamos observando con respecto a sus actividades legislativas” y el 8 de abril, el presidente electo declaró a los medios que “ha pasado mucho tiempo desde que dejé de ser fiscal. El sistema de justicia penal debe discutirse con el Ministerio de Justicia y la fiscalía”. Al agregar que solo se preocupará “por los medios de subsistencia de las personas”, dejó claro que su gobierno se centrará inicialmente en las promesas de campaña de proporcionar ayuda por las pérdidas generadas por la pandemia de Covid-19 y en el muy complejo tema de la vivienda accesible.

(Es cultura de televisión, pero la superposición de la facultad de investigación de las fiscalías y la policía es novelada en la segunda temporada de la serie de Netflix, Stranger).

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