Mazo judicial

 

Dio inicio en primer proceso de la Corte Penal Especial de República Centroafricana para procesar crímenes de guerra y contra la humanidad

Casi siete años después de su creación, hoy ha iniciado el primer juicio en la Corte Penal Especial, CPE, de la República Centroafricana, un tribunal mixto con magistrados nacionales e internacionales y creado por ley en 2015.

La CEP fue creada con el mandato de procesar los delitos cometidos bajo el derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas desde 2003 en la República Centroafricana.

En marzo de 2003 Francois Bozize condujo un golpe de estado que derrocó al presidente Ange-Félix Patassé. En 2013, el grupo musulmán rebelde, Seleka, derrocó al presidente Bozize y en su lugar impuso a Michel Djotodia, quien a su vez fue sacado del gobierno en enero de 2014 por su incapacidad para prevenir los actos de violencia cometidos por los integrantes de la organización Seleka. Frente a la toma de poder por parte de los musulmanes, varias comunidades centroafricanas, mayoritariamente cristianas, respondieron con la creación de grupos de autodefensas o vigilantes conocidos como anti-balaka o anti machete, que se dedicaron a perseguir civiles musulmanes que apoyaban a Seleka.

En 2014 la fiscal general de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de una investigación formal en la República Centroafricana sobre “una interminable lista” de atrocidades cometidas tanto por los grupos de Seleka como de anti-balaka, entre ellos homicidio, violación, desplazamientos forzados, persecución y el reclutamiento de niños como soldados.

De esta forma, en la Corte Penal Internacional, CPI, se verifica proceso en contra de Alfred Yekatom, alias Rambo, líder de una milicia anti-balaka, acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante un conflicto armado en la República Centroafricana.

Para procesar a otras personas, presuntas responsables de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se creó la CPE. En 2017 se nombró a Toussaint Muntazini, fiscal de la República Democrática del Congo, como Fiscal Especial, y los nombramientos de los jueces internacionales terminaron hasta febrero de este año con el nombramiento en Bangui de los jueces Olivier Beauvallet, francés, y Volker Nerlich, alemán, como integrantes de la Corte de Apelaciones.

El proceso que hoy inicia es en contra de tres integrantes de la milicia 3R (Regreso, Reclamo y Rehabilitación), acusados de delitos y crímenes contra la humanidad cometidos en 2019 en las localidades de Lemouna y Koundjili.

El primer juicio inicia bajo cierta incredulidad porque cinco meses atrás, sin mediar explicaciones o un proceso legal transparente, el gobierno uso en libertad a Hassan Bouba, actual ministro de Ganadería, acusado de crímenes contra la humanidad. Poco después de la liberación del ministro de la prisión en que estaba por guardias presidenciales, el gobierno del presidente Faustin-Archange Touadéra le concedió la Orden de Mérito Presidencial y lo reinstaló en el Ministerio.

“Las detenciones ‘dependen de la buena voluntad del Estado’, confirmó una fuente cercana a la CPE, quien dijo que un juez nacional y policías militares encargados de las detenciones ‘han recibido amenazas del gobierno’. Además de esta falta de independencia del estado, existen problemas dentro de la corte. ‘La relación entre nacionales e internacionales es difícil de establecer. Además, los jueces centroafricanos están bajo presión del gobierno’, dijo una fuente cercana a la institución en Bangui que prefiere permanecer en el anonimato”, se lee en el artículo publicado en justiceinfo.net.

En diciembre de 2021, Amnistía Internacional denunció la “falta de transparencia” del tribunal y afirmó que seguía siendo “muy difícil, si no imposible, encontrar información sobre el estado de los procesos en curso”. Por ejemplo, el tribunal se niega a revelar la identidad de sus detenidos, situación inédita en la justicia internacional y solo se sabe que hay 14 personas en detención previa y que “nueve detenidos han sido puestos en libertad por haber alcanzado el plazo de tiempo legal y razonable de detención.”

Sobre esta falta de información, el presidente de la CPE, el juez Michel Landry Louanga, declaró en entrevista a justiceinfo.net que “Estamos en una situación de crisis, de conflicto, tenemos víctimas y testigos que necesitan ser protegidos. Dar publicidad a las investigaciones pone en peligro la vida de estas personas. En República Centroafricana, los principales perpetradores de crímenes siguen ahí, en la sociedad”.

Pese a la firma de un acuerdo de paz en 2019, en la República Centroafricana se sigue viviendo mucha violencia, especialmente en las zonas rurales, donde la violencia sexual sigue siendo un arma usada particularmente en contra de las mujeres. En septiembre de 2020 el gobierno anunció el objetivo de desplegar jueces y magistrados fuera de Bangui, la capital, para restablecer la autoridad en las zonas rurales que sufrieron más por la guerra civil de siete años. Entonces, la falta de un sistema judicial operativo hace poco posible que la CPE pueda continuar sus funciones sin el apoyo financiero que la ONU, a través del Programa de Desarrollo y de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, MINUSCA, la Unión Europea, Estados Unidos y Países Bajos proporcionan.

Más información justiceinfo.net

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