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Sala judicial de la CPI

 

Ante la Corte Penal Internacional inició el proceso en contra del líder de milicias que operó con impunidad en Darfur, Sudán

En la Sala I de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, inició este 5 de abril el proceso identificado como La Fiscalía vs. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"), acusado de 31 crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, Sudán.

Durante años, y mucho antes de Ucrania, Afganistán, Yemen e Irak, en Darfur, Sudán, se vivió un clima de extrema violencia en contra de la población civil que llevó al homicidio de miles y desplazamiento de millones de personas que, reubicadas en campos de desplazados, siguieron siendo constantemente atacados, mientras el mundo, cuando se cansó de mirar, guardó silencio.

Además de la impunidad de que gozaron los violentos líderes en la región por el gobierno de Omar al-Bashir, pese a los constantes llamados de atención de la CPI al Consejo de Seguridad de la ONU, tampoco se actuó internacionalmente. “¿Cuántos civiles deben ser asesinados, heridos o desplazados para que este Consejo sea incitado a hacer su parte?”, preguntó en 2012 la entonces fiscal de la CPI, la abogada Fatou Bensouda.

Desde 2007, siendo el fiscal del primer tribunal penal internacional el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, la CPI emitió órdenes de arresto en contra del entonces ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, Ahmad Harun y del líder de las milicias Janjaweed, Ali Kushayb. Según la acusación, Harun usaba a las milicias para atacar a la población civil, haciendo parecer que la situación era resultado de enfrentamientos entre las tribus.

Los años pasaron, la violencia en Darfur continuó y ninguna de las órdenes de arresto se realizó, sino hasta 2019 cuando el gobierno de Al-Bashir fue derrocado y sustituido por un consejo soberano que gobernó el país africano hasta octubre del año pasado cuando, mediante un golpe de estado, el poder fue tomado por el general Mohamed Hamdan Dagalo. El consejo había prometido que entregaría a la jurisdicción de la CPI en La Haya a Al-Bashir.

Ali Kushayb no fue detenido en Sudán, sino que se entregó a las autoridades de la República Central Africana, que entregó su custodia a la CPI el 9 de junio de 2020.

La audiencia de confirmación de cargos se verificó en mayo de 2021 y el 9 de julio de ese año, la Sala de Asuntos Preeliminares, de forma unánime confirmó los cargos en contra de Ali Kushayb. Se trata de 31 cargos por crímenes que incluyen dirigir intencionalmente ataques contra la población civil; homicidios; saqueos; destrucción de la propiedad de un adversario; otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad; ultrajes a la dignidad personal; violaciones; traslado forzoso; persecuciones; torturas; tratos crueles; tentativas de homicidio, muchos de estos delitos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Las audiencias del caso iniciaron este martes en la Sala I de Primera Instancia, conformada por la juez Joanna Korner, presidente, juez Reine Alapini-Gansou y juez Althea Violet Alexis-Windsor.

Durante la declaración que prestó en el primer día de audiencias, Kushayb negó todos los cargos y su abogado, Cyril Laucci, dijo que la fiscalía ha confundido la identidad de su representado y que no es la persona que buscan, lo que fue categóricamente negado por la Fiscalía.

La Fiscalía presentó el caso exponiendo que los testigos declaran que Kushayb es responsable del homicidio de varios niños menores de 12 años y que aprobó la mutilación de detenidos con planchas calientes y cuchillos. Incluso declaran que en varias comunidades, este hombre golpeaba con un hacha a ancianos y a niños.

Pese a que las órdenes de detención se presentaron desde 2007 y que la CPI empezó a investigar los posibles crímenes de guerra y contra la humanidad antes de ese año, las investigaciones quedaron totalmente paralizadas hace ocho años después de que la fiscal Bensouda dijo que todos los esfuerzos habían sido bloqueados por el gobierno sudanés. Por esta situación, algunos expertos consideran que será difícil para la Fiscalía demostrar el vínculo entre Kushayb y Al-Bashir, pese a que el fiscal Karim Khan declaró en enero ante el Consejo de Seguridad que estaba satisfecho con el caso.

Según estimaciones de la ONU, 200,000 personas murieron y más de 2.5 millones de personas fueron desplazadas durante los años más violentos, pero la falta de medios y recursos efectivos de la CPI han hecho imposible procesar a los responsables, hasta la detención de Kushayb, cuya entrega voluntaria fue sorpresiva para todos y un enigma sus razones.

Más información ipc-cpi.int /nytimes.com

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