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Presidente de Ecuador vetó parcialmente ley aprobada en la Asamblea Nacional que regula la interrupción del embarazo en casos de violación

La noche del 15 de marzo, se conoció la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de vetar parcialmente la Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, aprobada por la Asamblea Nacional de ese país el 17 de febrero.

Al anunciar el veto parcial, el presidente explicó que la decisión la tomaba como jefe de gobierno de un estado laico y acatando la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto en caso de violación. “Como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias. Pero como Presidente de la República del Ecuador haré todo lo que esté en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático”, declaró mediante comunicado.

Las objeciones que plantea a la ley aprobada por el poder legislativo inician desde el título de ley, proponiendo cambiar la palabra “garantizar” por “regular”.

El proyecto aprobado dispone que procede la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y, de manera excepcional, hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales.

En el veto presidencial, se propone unificar el plazo en 12 semanas, “pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen será contrario a este principio básico”, se lee en el comunicado firmado por el presidente y publicado en su perfil de Twitter, aunque no en el sitio web de la Presidencia.

En total, el proyecto de ley ha sido regresado a la Asamblea Nacional con 61 observaciones. Además de las anteriores, el presidente explicó que ha hecho modificaciones al tema de la objeción de conciencia, que, a su juicio, no fue desarrollada con amplitud.“Lamentablemente el proyecto de la Asamblea ha desconocido abiertamente este derecho, razón por la cual me he visto obligado a incluir artículos que garanticen a todos los profesionales de salud la aplicación de este principio constitucional”.

Propone que solo se permita la interrupción del embarazo en estos casos cuando se cumpla uno de tres requisitos: que la víctima de violación o la persona que conozca el hecho presente una denuncia, que la víctima suscriba una declaración juramentada o que un médico tratante o legista practique un examen de salud y certifique la violación.

Una siguiente objeción del presidente es respecto al protocolo para la atención integral en la práctica de un aborto por violación. Este protocolo abarca nueve disposiciones: proporcionar consejería previa y posterior al procedimiento; la profilaxis de VIH/SIDA; la provisión de anticoncepción de emergencia; la ejecución del procedimiento de interrupción; el apoyo psicológico a la víctima; la remisión a los servicios legales; el cumplimiento de requisitos previstos en la normativa legal; el examen clínico, y, la recolección de evidencias.

El proyecto ha regresado a la Asamblea Nacional, que tiene 30 días para revisar las objeciones y decidir si acepta las objeciones o si ratifica el texto original, para lo que necesita votación de las dos terceras partes. Si pasados los 30 días no se pronuncia, se considera que acepta simple y llanamente las objeciones del presidente y la ley tendrá vigencia.

Es interesante destacar que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la interrupción del embarazo en caso de violación, indicando que no se pueden imponer requisitos, ni siquiera de plazo, porque equivale a tortura y malos tratos.

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