Tribunal Administrativo concluye que no procede el recurso presentado por 127 servidores respecto de la suspensión sin goce de sueldo por no vacunarse
El Tribunal Regional Administrativo de Lacio, Italia, TAR, rechazó el recurso presentado por 127 servidores públicos que señalaban que haberlos suspendido sin goce de sueldo por no estar vacunados contra Covid-19, era ilegal.
En Italia, como en muchos otros países, se ha generado una fuerte oposición a las medidas que se han tomado desde hace dos años para evitar la propagación del nuevo coronavirus, desde los confinamientos hasta la expedición de la Certificación Verde como una velada medida para forzar la vacunación de la población.
El Pase o la Certificación Verde fue presentada por el gobierno a inicios del verano de 2021 como un mecanismo para evitar la propagación del virus y una forma de alentar a los italianos a vacunarse.
Inicialmente, esta certificación fue exigida para ingresar a restaurantes, bares, teatros, museos y otros sitios públicos, pero poco se fue ampliando, primero para poder tener acceso a ferrocarriles de alta velocidad, aviones, ferris y autobuses y, después, a trabajadores y servidores públicos, empezando por los docentes y personal de instituciones educativas, y después a todos los trabajadores de oficinas públicas y supermercados. En diciembre se incluyeron en la lista los trabajadores de la defensa, seguridad, servicios de emergencia, sectores de justicia juvenil y comunitaria, policías, oficiales de inteligencia y guardias en las penitenciarías. No obtener la certificación, es decir, no estar vacunado, faculta a la entidad a suspender al trabajador sin goce de sueldo.
De las primeras demandas en recibirse en contra de la suspensión laboral sin goce de sueldo fue la presentada por diez empleados de dos hogares de ancianos en la región del Véneto. Los trabajadores perdieron su acción porque la juez concluyó en la legalidad de la medida.
Las demandas fueron aumentando y una presentada por docentes llegó al TAR que, en septiembre de 2021, rechazó la demanda, estableciendo que el derecho a no ser vacunado no es absoluto.
La semana pasada el TAR se volvió a pronunciar sobre un nuevo recurso presentado por 127 servidores públicos, entre ellos policías, docentes y personal del sector salud, que fueron suspendidos sin goce de sueldo por no estar vacunados.
Habiendo desechado la mayoría de los argumentos, el TAR se concentró en el que exponía que obligar a la vacuna no había contribuido a mejorar la salud pública y que, en su lugar, había sido en detrimento de la administración pública, pues muchas actividades quedaron paralizadas o demoradas por la falta de personal.
Al ser la sanción la suspensión del salario, el tribunal concluyó las suspensiones son "medidas vinculantes respecto de las cuales la administración no tiene discrecionalidad, ya que el contenido del acto deriva directamente de la ley".
Al analizar si la medida había sido de utilidad para proteger la salud pública, los jueces consideraron que la cuestión es "manifiestamente infundada", concluyendo en "la plena legitimidad de las medidas suspensivas impugnadas por los demandantes", por lo que "se desestima definitivamente el recurso".
La oposición a las vacunas llegó incluso a un matrimonio que se opuso a una operación que salvaría la vida de su hijo de dos años, para que el niño no recibiera sangre de personas vacunadas por considerar que eso pondría en verdadero riesgo la salud de su hijo, y no la afección cardíaca que padecía. En este caso, los progenitores perdieron temporalmente la patria potestad de su hijo para que la cirugía pudiera ser efectuada.
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