Poniendo dinero en bolsillo

 

Senador nigeriano propone extender las sanciones por corrupción a los familiares que se benefician de estos actos

El senador nigeriano Yusuf Abubakar Yusuf declaró que para disminuir los problemas de corrupción en su país, no solo quienes cometen los actos, sino también quienes se benefician, como cónyuges o descendientes, deberían ser sancionados.

El senador Yusuf, del partido Congreso de Todos los Progresistas, al que pertenece el presidente Muhammadu Buhari, está impulsando una iniciativa de ley para crear una comisión encargada de administrar todos los bienes decomisados producto de actos de corrupción.

Entrevistado en Abuja, capital de Nigeria que en 1991 sustituyó como tal a Lagos, declaró que los niveles de corrupción siguen siendo muy altos porque solo los perpetradores son sancionados.

“Toda persona corrupta, su cónyuge, hijos, hermanos y padres son beneficiarios de la corrupción.

“Entonces, mientras la ley sanciona a un individuo por corrupción y él está en la cárcel por 10 años o más, su cónyuge, hijos, hermanos y padres todos están disfrutando de las ganancias de su acto de corrupción.

“Es posible que alguien sea corrupto y que otros no lo sepan, pero en general, toda corrupción tiene sus propios beneficiarios.

“La ley también debe extenderse a todos los beneficiarios de la corrupción, especialmente al aspecto penal.

“Hay países donde los corruptos son encarcelados hasta 100 años. También hay naciones que tienen la pena de muerte como castigo para los corruptos.

“Es muy preocupante cuando se considera hasta qué punto la corrupción ha destruido al país en todos los aspectos, incluida la Asamblea Nacional, el servicio civil, los organismos de seguridad e incluso en la academia.

“Creo que crear una agencia que se encargue de las responsabilidades de administrar las ganancias confiscadas de la corrupción es mejor que hacer que sea el deber de las agencias anticorrupción”.

Conforme con el Índice de Percepción de Corrupción, Transparency International, en 2021 Nigeria ocupó el lugar 154 de 180 países, razón por la cual el combate a la corrupción ha sido una de las políticas fundamentales del presidente Buhari desde que asumió la presidencia en 2015.

Conforme con datos de 2017 de PricewaterhouseCoopers, si los altos niveles de corrupción no son atendidos, en 2030 costaría al país hasta el 37 por ciento de su Producto Interno Bruto.

Los actos de corrupción son sancionados conforme con disposiciones establecidas tanto en el Código Penal como en la Ley de Prácticas de Corrupción y Delitos Relacionados. Estas leyes castigan tanto el cohecho activo y pasivo, así como tentativa de corrupción, fraude, extorsión y lavado de dinero. Las sanciones se aplican tanto a personas físicas como morales e incluyen multas y/o hasta siete años de prisión.

Para combatir las prácticas de corrupción, se han creado hasta el momento dos organismos: la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas (ICPC) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Sin embargo, no han alcanzado sus objetivos de frenar la corrupción por un liderazgo incompetente, fondos insuficientes, falta de capacidad y falta de apoyo político.

Según el sitio Risk& Compliance Portal, la EFCC no ha podido llevar procesos exitosos, frecuentemente por falta de evidencia sustancial de los cargos o por la comisión de errores procesales.

“Realmente estoy muy preocupado por el futuro del país en el sentido de que muchos de nosotros estamos bromeando y jugando con la medida en que la corrupción ha corroído profundamente los tejidos de nuestra política”, agregó el senador Yusuf.

“El presidente Muhammadu Buhari nos ha advertido que si no luchamos contra la corrupción, la corrupción definitivamente no solo nos combatirá a nosotros, sino que nos matará como nación.

“La corrupción, desafortunadamente, está en todos los sectores de la economía. Algunas personas dicen que el tráfico de drogas no es corrupción, pero en realidad lo es”, aclaró, haciendo referencia a la reciente detención de un alto funcionario que presuntamente tenía tratos con narcotraficantes.

La presentación de cargos a la exministra del petróleo Diezani Alison-Madueke, es ejemplo del nivel de corrupción al que se ha llegado. Durante su proceso por soborno, fraude, uso indebido de fondos públicos y lavado de dinero, se ordenó el decomiso de 56 inmuebles de su propiedad, con un valor estimado de 22 millones de dólares.

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