Trabajo infantil

 

Gobierno japonés prepara una guía para que las empresas verifiquen y eviten hacer negocios con empresas que violan derechos humanos

El martes, el ministro de Industria de Japón, Koichi Hagiuda, anunció que el gobierno está redactando una guía para ayudar a las empresas a evitar violaciones a los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Se trata de una guía de “debida diligencia” (due diligence), que ayudará a las empresas japonesas a determinar si en la cadena de producción se cometen violaciones a los derechos humanos, como empleo de trabajo infantil o trabajos forzados.

“Dejaremos en claro a las personas tanto en el país como en el extranjero que el gobierno japonés y las empresas japonesas actúan de acuerdo con los estándares internacionales", declaró el ministro Hagiuda, quien agregó: "Con base en las discusiones sobre la cooperación internacional y otros factores, consideraremos medidas adicionales, incluida la posibilidad de formular legislación (para hacer frente a los abusos de los derechos humanos en las cadenas de suministro)".

La elaboración de esta guía se trata de competitividad pues importantes socios comerciales de Japón, como los Estados Unidos, tienen leyes en la que se tratan de cerrar oportunidades a las empresas que no verifican si en las cadenas de suministro se cometen violaciones a los derechos humanos.

En cumplimiento de estas leyes, el año pasado la aduana de los Estados Unidos no permitió el ingreso de un embarque de camisetas Uniqlo de la empresa japonesa de ropa Fast Retailing Co., por violar una orden que prohíbe las importaciones de artículos sospechosos de haber sido producidos mediante trabajo forzado por el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, de propiedad estatal de China. En Francia, un grupo de uiguires, que prestan trabajos forzados en la provincia de Xinjiang, demandaron a Nike.

Además, recientemente se ha puesto en tela de juicio al gobierno japonés y a sus empresas por su vinculación comercial y financiera con el régimen militar que en Myanmar, una vez más, tomó por la fuerza el poder el año pasado y que ha estado suprimiendo violentamente la oposición.

En este sentido, la empresa Kirin Holdings Co., fabricante de alimentos y productos de salud, declaró este lunes que retirará sus negocios de Myanmar, no solo por la represión, sino porque sus socios comerciales proporcionan fondos de financiamiento a los militares.

Esta situación y la represión del gobierno chino en Hong Kong que puso en riesgo a las empresas japonesas, logró un cambio de política en Japón que lo llevó a salir de su silencio sobre las violaciones a los derechos humanos en otros países.

Este cambio de política llevó al nombramiento del exministro de Defensa, general Nakatani, para un nuevo puesto de asesor de derechos humanos, creado por el gobierno del actual primer ministro Fumio Kishida.

Al respecto, el general Nakatani declaró este mes a Bloomberg que las guías que marquen las pautas a las empresas en materia de derechos humanos deben prepararse "a la máxima velocidad" para ayudarlas a cumplir con las leyes en el extranjero.

La guía será elaborada por un panel de expertos que contará con representación de las principales industrias japonesas, con expertos en materia legal y funcionarios del gobierno, incluyendo a los ministerios de asuntos exteriores y de justicia.

El documento contendrá ejemplos de violaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministro para que las empresas puedan revisar y prevenir actos abusivos. Se espera que la guía sea presentada al gobierno este verano en una versión final.

Una encuesta realizada el año pasado por el gobierno reveló que el 29 por ciento de las empresas no tienen políticas corporativas para evitar las violaciones a los derechos humanos que ocurren durante las cadenas de producción. La mayoría de estas empresas respondió en la encuesta que preferían que el gobierno elaborase la guía sobre el tema y por eso el Ministerio de Industria se ha dado a la tarea.

Más información japantimes.com.jp

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