Sousse, Túnez

 

Presidente de Túnez disolvió el fin de semana el consejo administrativo del Poder Judicial generándose una nueva crisis política

El sábado 5 de febrero, el presidente de Túnez, Kais Saied, disolvió el Consejo Supremo del Poder Judicial, un órgano constitucional independiente creado en 2016 para resguardar la independencia judicial y ejercer labores administrativas como la supervisión y promociones de jueces y magistrados, un equivalente a la Judicatura Federal en México.

Kais Saied, de 63 años, dedicó gran parte de su vida profesional a la cátedra de Derecho Constitucional, hasta que decidió presentar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2019. Con el apoyo de un gran porcentaje de la población joven de Túnez, pese a algunas posturas contrarias a la equidad de género, logró ganar las elecciones con la promesa de reformar el país.

El presidente lleva meses criticando al Poder Judicial por la lentitud en la resolución de procesos, especialmente en materia de terrorismo.

La disolución del Consejo Supremo del Poder Judicial es una decisión que ha sido fuertemente criticada por la oposición que señala que el presidente poco a poco ha ido tomando en sus manos los poderes ejecutivo y legislativo y ahora su objetivo es tener control sobre el judicial.

En julio de 2021 el presidente Kais Saied ordenó la disolución del Parlamento, la dimisión del entonces primer ministro y se otorgó poderes ejecutivos. Declaró que este movimiento era necesario para salvar al país del colapso, pese a que llevó al país a una crisis política.

El mes pasado suspendió los privilegios financieros de los consejeros del Consejo del Poder Judicial. "En este Consejo, los cargos y los nombramientos se venden según las lealtades. Su lugar no es el lugar donde ahora se sientan, sino donde están los acusados”, declaró el mes pasado y esta semana al disolverlo dijo que el poder judicial es “una función más del estado”.

La decisión de disolver el consejo judicial fue criticada por el presidente de este órgano judicial, Youssef Bouzakher, quien dijo que la orden presidencial es ilegal y una maniobra para someter al Poder Judicial al control presidencial.

“Seguiremos ejerciendo nuestras obligaciones y defenderemos el consejo judicial de todas las formas posibles a nuestro alcance”, declaró el magistrado Bouzakher en un comunicado, aunque este lunes el acceso al edificio fue cerrado por la policía.

“La decisión del presidente es ilegal y una asimilación directa de la presidencia”, precisó el magistrado a Reuters en entrevista telefónica.

Otros consejeros coincidieron con esta postura y aseguraron que no dejarán que se ejerza presión sobre consejeros ni sobre jueces.

La llamada Primavera Árabe inició en Túnez y logró derrocar en 2011 al presidente Zine al Abidine Ben Alí, quien estuvo en el poder durante 23 años.

Durante dos años se estuvo preparando una nueva Constitución que fue cuidadosamente redactada, elaborada y debatida por representantes de varios sectores de la población. La vigencia de esta Constitución comenzó con una ceremonia solemne en enero de 2014, un día después de haber sido mayoritariamente aprobada por la Asamblea Nacional.

Esta Constitución estableció un sistema democrático y un estado laico, además de haber consignado la equidad de género.

Pese a lo reciente de este documento, el presidente Saied ha ordenado la redacción de un nuevo documento que ahora está en línea puesto a consulta pública y que, según la agenda presidencial, será votada mediante referéndum el próximo julio.

Mientras tanto, estas decisiones han llevado a enfrentamientos de la población con manifestaciones a favor y en contra del presidente.

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