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Juez negó petición de ocho padres de familia de suspender provisionalmente esquema de vacunación a menores de 5 a 11 años

En Nueva Zelanda, la juez Rebecca Ellis del Tribunal Superior, negó esta semana la orden cautelar a la petición de ocho padres de familia para que se suspenda la vacunación de niños de 5 a 11 años en contra del Covid-19.

La autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech a niñas y niños fue concedida por Medsafe, la autoridad sanitaria del gobierno de Nueva Zelanda que autoriza los medicamentos, el 16 de diciembre de 2021, con vigencia hasta noviembre de 2023.

Ocho madres y padres de familia, cuyas identidades no pueden ser publicadas, se opusieron al esquema de vacunación bajo el argumento de que si sus hijos no reciben la vacuna van a ser excluidos de actividades propias de la infancia, además de que podrán ser acosados por otros niños y adultos.

Además, exponen que la vacuna tiene pocos beneficios de salud para los niños saludables y que existen riesgos de miocarditis y anafilaxia con la vacuna. Según estos padres, la información de Pfizer sobre la seguridad de su vacuna para menores de entre 5 y 11 años es inadecuada.

En su petición en contra del esquema de vacunación, pidieron que se dictara como medida cautelar la suspensión provisional.

Al negar la suspensión temporal de la vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años, la juez Ellis hizo notar que no hay una disposición del gobierno que obligue a la vacunación y que, en este sentido, ninguna institución educativa o guardería puede negar recibirlos o prestarles servicios.

“No puedo aceptar que las preocupaciones de los peticionarios de que sus hijos sin vacunar serán excluidos o acosados por otros niños (o adultos), den pie a una medida de protección a ser preservada”, dijo la juez Ellis en su decisión.

“La sugerencia implícita de que esta posibilidad [de acoso o exclusión] debía haber estado en la mente de las autoridades encargadas de tomar decisiones importantes de salud pública es una muy amplia y difícil”, y concluyó que las preocupaciones de las madres y padres de familia respecto de lo que puede o no suceder a sus hijos no vacunados es especulativa y no preocupaciones de hecho que ya se hubieren presentado.

Además, la juez Ellis concluyó que varios de los impedimentos u obstáculos para la vida que los peticionarios exponen en la petición son el resultado de su calidad de personas no vacunadas y no de sus hijos.

Finalmente, al negar la suspensión provisional, la juez declaró que las repercusiones adversas, públicas y privadas, de suspender la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años son significativas y pesa fuertemente en contra de la medida solicitada.

Esta decisión no es la última palabra en el asunto, ya que todavía se debe celebrar una audiencia en que se escuchen los argumentos de los padres de familia en contra de la decisión de Medsafe sobre las vacunas.

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