Letrero de salud mental

 

Familia de hombre ingresado forzosamente en institución mental en Inglaterra demanda para que mejore el trato que recibe

La familia de un hombre de 24 años ha decidido presentar acción legal en contra del gobierno británico por el tratamiento que está recibiendo en una institución de salud en la que fue confinado desde septiembre de 2017, acusando que sus condiciones “son peores que las de una prisión” y que las personas que lo cuidan no tratarían tan mal a un animal.

La denuncia es presentada por Nicola, madre del joven de 24 años identificado como Paciente A, recluido en un hospital en Cheshire conforme con la Ley de Salud Mental de 1983 que regula la evaluación, el tratamiento y los derechos de las personas con un trastorno de salud mental. Esta ley faculta a las autoridades a detener a las personas que necesitan tratamiento urgente por un trastorno de salud mental y se considera que son un peligro para sí o para otros.

Las personas que así han sido evaluadas son ingresadas en unidades de evaluación tratamiento, ATU por sus siglas en inglés, algunas de las cuales son administradas por empresas privadas. Los familiares tienen derecho de visita de los pacientes, bajo las condiciones establecidas por la ATU y siempre que el paciente así lo acepte.

En el caso, el hijo de Nicola, además de padecer autismo, tiene discapacidad de aprendizaje, síndrome de Tourette y ha sido tratado por ansiedad y agresión. “Sabemos plenamente que mi hijo tiene necesidades complejas, pero está siendo tratado de forma terrible”, declaró Nicola. “Está encerrado lejos del mundo y no tiene contacto físico con nadie”.

“Ni siquiera puedo tomar su mano o abrazarlo debido a las condiciones en que está recluido”, dijo la madre. “Cada vez que lo veo se me rompe el corazón. No tiene calidad de vida, él solo existe.”

Nicola y su hijo están siendo representados por la abogada especialista en derecho público y derechos humanos, Kirsty Stuart, y que, además, representa a otras 25 familias con pacientes en ATU.

“Ellos sienten que no tienen otra opción que buscar asesoría legal para que sus seres queridos reciban los cuidados que merecen”, dijo la abogada. Sobre el caso en particular hizo un llamado a Priory Group, administrador de la ATU en el Cheadle Royal Hospital en Cheshire, las autoridades de salud y las autoridades locales para llegar a un acuerdo sobre el tratamiento, del hijo de Nicola, señalando que en este caso la familia opina que el paciente debe estar en la comunidad, ya que le daría una mejor calidad de vida.

El tratamiento a los pacientes en estas instituciones fue denunciado hace una década por la BBC y en octubre pasado el periódico The Guardian reportó sobre otra institución que tuvo que cerrar por las pésimas condiciones en la atención a los pacientes.

Un vocero de Priory Group declaró que están comprometidos en “asegurar transferencias bien planeadas a los destinos comunitarios apropiados cuando estén disponibles”, pero que “algunos individuos con comportamiento sumamente complejos, detenidos bajo la Ley de Salud Mental, pueden ser difíciles de colocar pese a que todas las partes trabajen arduamente durante un largo periodo de tiempo para encontrar el lugar correcto.”

Por su parte, del Departamento de Salud y Asistencia Social se declaró: “Estamos decididos a seguir reduciendo la cantidad de personas autistas y personas con discapacidades de aprendizaje en los hospitales de salud mental, así como la dependencia de la atención hospitalaria. Por eso estamos invirtiendo en servicios comunitarios y respaldando las rehabilitaciones con 90 millones de libras esterlinas de fondos adicionales este año financiero".

La organización Mencap sobre personas con discapacidad, ha denunciado que varios pacientes que son institucionalizados no lo necesitan y que han sido ingresados por falta de recursos a la asistencia social.

También se ha denunciado que unas dos mil personas están ingresadas en ATU como el caso del hijo de Nicola y que la mitad de estos pacientes ha estado ingresado por más de dos años.

Este caso significa una nueva presión al gobierno para poner fin a los ingresos forzados a estas instituciones que se han calificado como “asilos de la era moderna”.

Más información theguardian.com

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