Fachada de la CPI

 

Delegación de la CPI visita Sudán para negociar términos de entrega del expresidente acusado de crímenes de guerra y genocidio

Esta semana llegó a Jartum, Sudán, una delegación de la Corte Penal Internacional, CPI, para discutir los detalles de la entrega del expresidente Omar al-Bashir y de otros dos exfuncionarios, requeridos por el tribunal internacional desde 2009 por crímenes de guerra y genocidio.

En febrero de 2020 el Consejo Soberano que gobierna Sudán desde que en abril de 2019, anunció que entregarían al expresidente Omar al-Bashir y a otros tres exfuncionarios a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, CPI.

Las órdenes de arresto en contra de Al-Bashir fueron expedidas en 2009 y en 2010 por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, basado en el conflicto desatado en Darfur en el que se cometieron múltiples homicidios y se desplazaron unas 2.5 millones de personas, según estimaciones de la ONU.

Omar al-Bashir, fue procesado en Sudán por corrupción y sentenciado en diciembre de 2019 a dos años en un reformatorio. Por ley, en Sudán los mayores de 70 años no pueden ser ingresados a una prisión. Los otros dos exfuncionarios requeridos por la CPI desde 2012 son Abdelrahim Hussein, ministro de la Defensa, y Ahmed Haroun, ministro de Asuntos Humanitarios. Ellos están detenidos en la prisión Kober en Jartum Norte.

En agosto, el fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó Sudán para negociar no solo la entrega de los exfuncionarios requeridos, sino también la ratificación del Estatuto de Roma, documento que fundamenta la CPI. Durante esa visita, el fiscal Khan anunció el establecimiento de una oficina permanente de esa fiscalía en Sudán para investigar los delitos denunciados y reunir más evidencia y testimonios. Además, manifestó su deseo de visitar Darfur en noviembre.

Esa visita no se ha realizado y lamentablemente estas semanas se han vuelto a presentar actos de violencia en la región. Por este motivo El Hadi Idris, tercer líder del Consejo Soberano, está de visita en la región para tratar de contener estos brotes de violencia. El martes declaró a los periodistas en Darfur Norte que el gobierno sigue comprometido “en la entrega de los perpetradores de crímenes en Darfur a la CPI, de conformidad con las estipulaciones del Acuerdo de Paz de Juba”, que fue firmado por la alianza del Frente Revolucionario Sudanés y el gobierno de Sudán en la capital de Sudán del Sur el 3 de octubre de 2020.

La delegación de la CPI que esta semana visita Darfur, se reunió el martes con los exlíderes rebeldes Malik Agar y El Taher Hajar, actuales miembros del Consejo Soberano. Malik Agar confirmó también a la delegación que Sudán sigue comprometido con los acuerdos firmados con la Corte Penal Internacional y en proporcionarles todo lo necesario, conforme con las leyes y la protección de testigos.

Esperemos que este compromiso sea firme y verdadero porque muchos gobiernos se han comprometido con la justicia internacional, pero ese apoyo se debilita cuando inician los procesos. Eso sucedió en Camboya con el establecimiento de un tribunal especial para procesar a los responsables de las atrocidades cometidas durante el régimen del Jemer Rojo y que ahora está retirando ese apoyo.

Oro ejemplo es El Líbano, donde el tribunal para procesar a los responsables del atentado terrorista en el que falleció el primer ministro Rafik Hariri comenzó funciones en 2007 y tras muchos obstáculos apenas el año pasado entregó un veredicto de culpabilidad de cuatro personas procesadas en ausencia.

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