Palacio de gobierno, Copenhague

 

Tribunal especial condenó a 60 días de prisión a una exministra danesa por separar matrimonios de solicitantes de asilo

Visiblemente sorprendida, la exministra de Inmigración de Dinamarca Inger Stoejberg escuchó su condena a 60 días de prisión por violación a la Convención Europea de Derechos Humanos al haber ordenado la separación de los matrimonios que buscaban asilo, uno de ellos con un cónyuge menor de edad.

La decisión fue tomada por el tribunal especial que se conforma para procesar a los ministros del gabinete por actos de mala administración o mala conducta cometidos en el ejercicio de sus funciones. Ha sido comparado con el impeachment, pero no se trata de un juicio político ni de un proceso de destitución.

Este procedimiento inicia con la votación en el Folketing, parlamento, si procede establecer el tribunal especial, llamado Rigsretten, respecto de la acusación presentada. De ser procedente, se convoca al tribunal conformado por 15 jueces de la Suprema Corte de Dinamarca y otras 15 personas nombradas por el Folketing, pero que no pertenecen a este cuerpo legislativo, aunque tienen afiliación política.

En el caso particular, Inger Støjberg fue acusada de haber decretado, siendo ministra, que el servicio de inmigración separara a los matrimonios que piden asilo, pese a que en uno de esos matrimonios uno de los cónyuges era menor de edad. Se decidirá de si estas decisiones son infractoras de la Ley de Responsabilidad Ministerial, al haber violado la Convención Europea de Derechos Humanos.

La política ha alegado en su defensa que la medida la tomó para tratar de evitar el matrimonio infantil.

Este lunes, el presidente del Rigsretten, magistrado Thomas Rørdam, dio a conocer la decisión tomada casi por unanimidad en la que encuentran culpable a la política, actual parlamentaria independiente, de haber violado los derechos humanos de los solicitantes de asilo, y la condenaron a 60 días de prisión, una sentencia menor a la solicitada por la fiscalía que solicitaba cuatro meses.

Desde que esta figura fue establecida en la Constitución danesa de 1849, solo se ha convocado a este tribunal especial cinco veces con esta. En los cuatro casos anteriores, solo dos concluyeron con la culpabilidad del funcionario procesado. Al primero, en 1910, se le impuso una multa por negligencia. El otro caso, el más cercano a este, se verificó en 1995 y se dictó sentencia de cuatro meses de prisión suspendida. Curiosamente, también se procesó al entonces ministro de Inmigración quien fue acusado de haber evitado que los refugiados tamiles de Sri Lanka llevaran a Dinamarca a sus familias.

“No solo yo he perdido, sino también han perdido los valores daneses”, declaró la exministra al concluir el proceso, agregando que pese a su inconformidad, cumplirá la sentencia. La realidad es que no tiene otra opción porque es una decisión inapelable y que la sentencia es incondicional, lo que significa que necesariamente se debe prestar el tiempo tras las rejas.

La decisión, además, podría dar por terminada su carrera política, ya que podrían exigirle su renuncia como parlamentaria independiente. Asimismo, cambia las estrategias en el panorama político de Dinamarca, ya que pese a que fungió como ministra como integrante del partido político Venstre, renunció a esta organización en febrero de 2021 y su nombre se había colado para ocupar el liderazgo del partido de nacionalista conservador Dansk Folkeparti.

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