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En España conducir con una tasa de alcohol superior a los límites es un delito que es juzgado mediante juicios rápidos por alcoholemia

A pesar de la pandemia, en 2020 el 45% de los fallecidos en un accidente de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas, lo que ha obligado a aumentar los controles para detectar a los que están manejando bajo la influencia del alcohol o las drogas, quienes aun sabiendo las consecuencias, siguen poniéndose al volante. Y la consecuencia es clara: un alto riesgo de morir o enfrentar un juicio penal por alcoholemia.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de España establece en los delitos contra la seguridad colectiva, y específicamente contra la seguridad vial, el conducir un vehículo bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En el caso de bebidas alcohólicas, el artículo 379 del citado Código establece que será condenado quien supere alguno de los siguientes límites: 0.60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor que supere estos límites puede recibir una pena de prisión de tres a seis meses, o pena de multa económica de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Adicionalmente, el conductor puede estar obligado a pagar los daños que haya causado, en caso de haber causado un accidente, o peor aún, enfrentar cargos adicionales por haber causado lesiones o la muerte.

El delito de alcoholemia tiene, sobre todo, un propósito preventivo, de modo que se comete aunque no se haya producido un accidente. Basta con superar los niveles de alcohol permitidos.

Para detectar a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol se colocan controles policiales en distintos puntos, especialmente cercanos a zonas de entretenimiento nocturno.

Al detener un vehículo el agente pedirá al conductor que realice la prueba de alcoholemia. El conductor no puede negarse a someterse a la prueba, ya que estaría incurriendo en un delito previsto en el artículo 383 del Código Penal, sancionado con penas de prisión de entre seis meses a un año y con el retiro de la licencia para conducir entre uno y cuatro años.

Si el conductor no sopla de manera correcta en el alcoholímetro o desobedece las instrucciones del agente para realizar adecuadamente la medición, también puede ser responsable de cometer este delito.

Así que si te detienen para hacer la prueba de alcoholemia, evita problemas y coopera con la autoridad. En cualquier caso, si no estás de acuerdo con el resultado de la prueba, puedes solicitar que se realice una prueba alternativa.

Si la prueba resulta negativa, pero la conducta del conductor es indicativa de la influencia de alguna sustancia, en términos del artículo 380.2 del Código Penal, se puede considerar que se ejecuta una conducción temeraria del vehículo, una conducta sancionada con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Si la prueba resulta positiva, el policía puede llevar al conductor al calabozo o separos y, en los casos más graves, al superar los límites de alcohol, se hace una denuncia administrativa según la Ley de Seguridad Vial. Puede requerirse al conductor que preste declaración o bien le darán una cita para el juicio rápido en ese mismo momento. El vehículo queda inmovilizado.

También debemos considerar que, además de la prueba de alcoholemia, se toma en cuenta la sintomatología que presenta el conductor: arrastra las palabras, está sudoroso, tiene problemas de equilibrio, etcétera, por lo que, aunque no se superó el índice de alcohol, también puede ser acusado del delito de alcoholemia, especialmente si ha ocurrido un accidente.

Además, se impone una sanción administrativa de 1,000 euros y se restan 6 puntos a la licencia de conducir.

Si el conductor es citado para un juicio rápido por alcoholemia, lo recomendable es evitar riesgos y presentarse acompañado de un abogado y si es experto en delitos contra la seguridad vial, mejor, puesto que ella o él conoce las estrategias adecuadas para salir lo mejor librado de la situación.

El juicio rápido es un proceso penal especial para delitos con una pena de prisión que no exceda de cinco años u otro tipo de pena que no supere los diez años. A través de este procedimiento, los casos son enjuiciados con más rapidez y de manera más sencilla.

Lo mejor forma de prevenir estos problemas es simple: si tomas, no manejes.

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