Unidad especial de investigación sudafricana investiga adjudicación ilegal de millonarios contratos para compra de EPP
La Unidad Investigadora Especial de Sudáfrica, SIU por sus siglas en inglés, expuso a la comisión parlamentaria que vigila la contabilidad del gobierno, Scopa, las investigaciones que están realizando por contratos para compra de equipo de protección personal, EPP, en lo que va de la pandemia.
Durante la introducción de la comparecencia, el presidente de Scopa, Mkhuleko Hlengwa, dijo que hacer contratos fraudulentos con el dinero público es un delito, pero que en tiempos de pandemia “es un crimen contra la humanidad”.
La investigación se está efectuando sobre contratos celebrados entre abril de 2020 y junio de 2021 por el gobierno nacional y por algunos gobiernos provinciales como KwaZulu-Natal, Cabo Occidental y Gauteng. El monto total del gasto gubernamental durante el periodo de tiempo señalado en estos contratos es de unos 138.8 millardos de rands, unos 8,8 millardos de dólares. De este monto, la SIU está investigando unos 14.8 millardos que equivale al 11 por ciento de los contratos. De estos, contratos por 1.9 millardos de rands han sido enviados al Tribunal Especial para que se trate de recuperar el dinero.
Son 5,054 contratos de servicios relacionados con el Covid los que están siendo investigados por la SIU, que fueron adjudicados a 2,686 proveedores. De estas investigaciones, el 64 por ciento está en proceso, el 29 por ciento se ha terminado y el 7 por ciento está por iniciar.
De los casos que están siendo investigados, 168 han sido referidos a la fiscalía nacional. Con la fiscalía, la SIU ha firmado un memorando de entendimiento para entregar la evidencia adicional que necesiten en los casos en que se presente acción penal.
Durante la comparecencia también se expuso que las empresas con las que se firmaron contratos irregulares han quedado vetadas del gobierno y que esta situación ha sido debidamente comunicada a los gobiernos de las provincias y de los municipios. Sin embargo, se manifestó la preocupación de que muchas de estas empresas se disuelvan y sus propietarios creen nuevas sociedades con otros nombres para poder seguir lucrando con funcionarios corruptos.
También se expuso que los problemas con la rendición de cuentas, ya sean entidades estatales o individuos, están obstaculizando los esfuerzos para recuperar los fondos robados mediante este esquema corrupto de adjudicación de contratos relacionados con el equipo de protección personal. Esta recuperación de los recursos muchas veces no se persigue, particularmente si quien es responsabilizado de la corrupción es sancionado, como sucedió con otro caso de adjudicación ilegal de contratos de comunicación, donde las investigaciones terminaron con la renuncia del entonces ministro de Salud, Zweli Mkhize.
En el Reino Unido, a diferencia de Sudáfrica en donde la adjudicación ilegal de contratos se está investigando por el estado, la revisión se está haciendo a instancias de la organización sin fines de lucro Good Law Project, GLP, y los recursos judiciales que ha presentado por la adjudicación de contratos.
Entre los varios casos que se han presentado en los tribunales británicos hay uno adjudicado durante la pandemia a una encuestadora propiedad de amigos de largo tiempo de Dominic Cummings, entonces asesor del primer ministro, y de Michael Gove, ministro de la Oficina del Gabinete.
Otro caso que llegó a tribunales fue respecto de contratos de 85 millones de libras esterlinas celebrados con la empresa británica Abingdon Health por la compra de pruebas de anticuerpos, en los que presuntamente las negociaciones se llevaron vía mensajería privada, en contravención con el procedimiento establecido.
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