Irlanda espera decisión del Tribunal de Justicia de Europa sobre si el uso de datos de telefonía para investigar delitos graves viola derechos
En Irlanda se espera con expectativa la decisión del Tribunal de Justicia de Europa en un caso de conservación y acceso a datos de telefonía celular que podría tener un impacto en las sentencias penales que se han dictado con base en evidencia obtenida por la policía a partir de estos datos.
El caso que se debe resolver fue presentado a consideración del tribunal europeo por la Corte Suprema de Irlanda respecto de la apelación a la sentencia condenatoria presentada por Graham Dyer, encontrado culpable del homicidio en 2015 de Elaine O’Hara.
Cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Elaine O’Hara notaron que varios teléfonos celulares habían sido usados cerca de donde la localizaron. Compararon esta información con el teléfono registrado de Dwyer y así lo pudieron ubicar en el lugar del crimen. Con esta y otra evidencia, Graham Dwyer fue sentenciado a cadena perpetua.
En 2018, Dwyer demando al estado de Irlanda en el Tribunal Superior con el argumento de que permitir la retención indiscriminada de datos sin las debidas salvaguardas, infringe varios derechos consignados en la Carta Europea de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la privacidad.
El Tribunal Superior falló a favor de Dwyer por lo que la fiscalía llevó el caso ante la Suprema Corte, tribunal que mantuvo la decisión, aunque estableció que la decisión no era retroactiva y que la sentencia de Dwyer no debía ser anulada. Sin embargo, presentó la cuestión de la retención y uso de datos de telecomunicaciones al Tribunal de Justicia de Europa.
La semana pasada, el abogado general del tribunal europeo, Campos Sánchez-Bordona, concluyó, en la revisión de varios casos acumulados, que la conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización relativos a las comunicaciones electrónicas solo está permitida en caso de amenaza grave para la seguridad nacional. Esto no incluye la persecución de los delitos, incluso graves.
“La normativa irlandesa no se ajusta, pues, a la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, al autorizar, por razones que exceden a las inherentes a la protección de la seguridad nacional, la conservación preventiva, generalizada e indiferenciada, de los datos de tráfico y de localización de todos los abonados por un período de dos años”, concluyó el abogado Sánchez-Bordona.
Se trata de la opinión del abogado general, que no es vinculante, lo que significa que no necesariamente será la decisión que en los próximos meses tome el Tribunal de Justicia. Sin embargo, frecuentemente los jueces coinciden con las opiniones de los abogados generales.
De ser así, seguiría correspondiendo a la Suprema Corte de Irlanda la decisión de si la sentencia a Dwyrer se sostiene, particularmente porque casi toda la evidencia incriminatoria se obtuvo de los registros de telefonía celular.
“Aquí hay una pregunta más amplia. Graham Dwyer es solo un caso: hay varios casos en los que se utilizan registros telefónicos en las circunstancias del procesamiento por otros delitos.
“La última palabra del Tribunal de Justicia [europeo] va a ser muy, muy importante para ver qué ocurre, pero pone en tela de juicio múltiples enjuiciamientos diferentes que han ocurrido, pero que también están en marcha”, opinó sobre este tema el abogado Ronan Lupton, experto en telecomunicaciones.
Cuando el caso fue expuesto en septiembre ante el Tribunal de Justicia de Europa, el fiscal general de Irlanda expuso que el acceso a estos datos es crucial en la persecución de delitos graves, ya que los teléfonos celulares son frecuentemente usados par cometer delitos en contra de mujeres, niños y personas vulnerables de tal forma que limitar la facultad de las autoridades de usar los datos de los teléfonos comprometería los derechos de las víctimas, incluido el derecho a la vida.
En un tema muy importante y, aunque las decisiones de este Tribunal obviamente no aplican en México, van marcando la pauta de la tendencia global en materia de derechos humanos.
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