Se reformó iniciativa de ley para que el gobierno británico pueda despojar de la nacionalidad sin notificación previa
Se está denunciando en el Reino Unido la discreta modificación que se ha hecho a la iniciativa de reformas de la ley de nacionalidad y fronteras por la cual se puede despojar a una persona de la nacionalidad sin necesidad de una notificación.
El despojo de nacionalidad es una facultad de los estados que presenta mucha polémica porque se trata de un derecho personalismo. Sin embargo, los estados se han arrogado la facultad de despojar de la nacionalidad a una persona bajo diferentes circunstancias que principalmente, pero no exclusivamente, se dirigen a personas que han obtenido la nacionalidad por naturalización.
El Reino Unido es uno de estos estados que desde 2005, tras los atentados terroristas en Londres, se concedió la facultad de despojar a los británicos de su nacionalidad. Esta facultad fue muy usada a partir de 2010, cuando Theresa May, antes de ser primera ministra, fue secretaria del Interior y en 2014 la facultad se amplió.
En 2018 se realizó una nueva reforma para disponer que se entendía que el derecho de ser notificado del despojo de nacionalidad quedaba satisfecho si se adjuntaba una nota al expediente personal, pero solo cuando se desconociera la localización de la persona.
Esta nueva reforma pretende ampliar la facultad del gobierno de despojar de nacionalidad, sin necesidad de una notificación previa si no es “razonablemente factible” hacerlo o por interés a la seguridad nacional, relaciones diplomáticas o en razón del interés público.
Además, conforme con la redacción, parece que se faculta al gobierno a aplicarla retroactivamente a los casos en que los individuos fueron despojados de su nacionalidad sin previo aviso, lo que pone en duda si pueden tener la facultad de apelar tal decisión.
Uno de los casos más dramáticos del despojo de nacionalidad británica fue el de Shamima Begum, una mujer nacida en Inglaterra que siendo adolescente se casó con un combatiente del Estado Islámico. Cuando pidió permiso para regresar a su país, el Reino Unido, el ministro del Interior le hizo saber que la habían despojado de su nacionalidad por lo que no podía regresar. Una corte de apelaciones le permitió regresar al país para litigar el despojo de nacionalidad, pero en febrero de este año la Suprema Corte de forma unánime falló en sentido contrario negando el derecho a la joven a regresar al Reino Unido. A sus 22 años es apátrida y vive en un campo de refugiados.
Si el despojo de nacionalidad se considera un grave atentado a los derechos humanos, la forma en que lo quiere hacer el gobierno del Reino Unido parece ser un atentado más grave. Así lo han declarado varios especialistas, entre ellos Frances Webber, vicepresidente del Instituto de Relaciones Raciales, que, citada por The Guardian, declaró: “Esta reforma envía el mensaje de que ciertos ciudadanos, a pesar de haber nacido y criado en el Reino Unido y no tener otro hogar, siguen siendo inmigrantes en este país. Su ciudadanía, y, por tanto, todos sus derechos, son precarios y contingentes.
“Se basa en medidas previas para despojar de la nacionalidad a los ciudadanos con doble nacionalidad nacidos en Gran Bretaña (que en su mayoría pertenecen a minorías étnicas) y para hacerlo mientras están en el extranjero, medidas utilizadas principalmente contra los musulmanes británicos. Se burla descaradamente de las obligaciones internacionales de derechos humanos y las normas básicas de justicia".
Frente a las críticas, de la Oficina del Interior se declaró lo siguiente: “La nacionalidad británica es un privilegio, no un derecho. La privación de la nacionalidad sobre bases conducentes está debidamente reservada para aquellas personas que presentan un riesgo al Reino Unido o cuyas conductas implican un daño muy grave. La iniciativa de nacionalidad y fronteras reformará la ley para que se pueda privar de la nacionalidad cuando no es factible la notificación, por ejemplo, si no hay forma de comunicación con esa persona.”
Más información theguardian.com
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