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Entrega de dólares

 

La Suprema Corte de los Estados Unidos analiza si los habitantes de Puerto Rico tienen derecho a los subsidios que otorga el gobierno federal

En la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se analiza una decisión tomada por el Congreso hace cinco décadas que excluye a Puerto Rico de un programa federal que proporciona beneficios a personas mayores, ciegas y discapacitadas de bajos ingresos.

En el caso, José Luis Vaello-Madero, un ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico, comenzó a cobrar las prestaciones del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), un programa de suplemento de ingresos federal financiado por los ingresos fiscales generales, diseñado para ayudar a las personas mayores, ciegas y discapacitadas que tienen pocos o ningún ingreso; y proporciona dinero en efectivo para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, ropa y vivienda. El programa está previsto en el Título XVI de la Ley del Seguro Social.

Vaello-Madero vivía en Nueva York cuando empezó a ser beneficiario del programa después de que desarrollara problemas de salud debilitantes. En 2013 decidió mudarse a Puerto Rico para estar más cerca de su familia y siguió recibiendo los pagos durante tres años luego de mudarse.

Pero una vez que la Administración del Seguro Social se percató que recibía los pagos viviendo en Puerto Rico, los canceló y lo demandó para que pagara los 28,000 dólares que había recibido desde que se mudó a Puerto Rico.

La ley que estableció el SSI, aprobada en 1972, solo concede el derecho a los residentes de los 50 estados o del Distrito de Columbia. La prestación se amplió posteriormente a los que viven en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, pero no a Puerto Rico

Los abogados de Vaello-Madero argumentan que excluir a los residentes de Puerto Rico del beneficio es inconstitucional y viola su derecho a igual protección. Hasta ahora los tribunales inferiores le han dado la razón. En un caso similar en Guam, un juez federal falló recientemente que los residentes de esa isla del Pacífico también deberían poder cobrar el SSI, pero el Departamento de Justicia llevó el caso de Vaello-Madero hasta la Suprema Corte.

En la mesa no solo se discute la legalidad de excluir a Vaello-Madero de los beneficios únicamente por haber cambiado de residencia, sino también el propio estatus de Puerto Rico.

Puerto Rico no es un estado de la unión americana, sino un territorio, sujeto a la autoridad del Congreso de Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial, prevista en el artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de ese país.

Esa disposición señala que: “El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al Territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual”. Así la Cláusula Territorial otorga al Congreso la facultad de legislar sobre todos los territorios de los Estados Unidos. En la actualidad, los únicos territorios regidos por esta cláusula son Puerto Rico y Samoa Estadounidense. Otros territorios son Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Además, en una serie de decisiones de la Suprema Corte, conocidos como los Casos Insulares, el alto tribunal concluyó que los territorios pertenecían, pero no formaban parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, con base en la Cláusula Territorial, el Congreso tiene la facultad de determinar qué partes de la Constitución se aplica a los territorios.

Los abogados de Vaello-Madero también están pidiendo que se anulen esas decisiones.

Aunque el gobierno de Biden se ha manifestado en contra de excluir a Puerto Rico del SSI, señalando que es inconsistente con las políticas y valores de su Administración, el Departamento de Justicia está defendiendo el caso.

El Departamento de Justicia argumentó que existe una justificación válida para excluir a Puerto Rico y es que sus residentes gozan de una exención general de pagar la mayoría de los impuestos federales, incluido el impuesto sobre la renta, que son con los que se financia el SSI. El gobierno también señaló que añadir a Puerto Rico al programa de discapacidad aumentaría los costos en 2,000 millones de dólares al año.

En la audiencia sobre el caso del pasado martes, la jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico, se pronunció argumentando que parece irracional tratar a los estadounidenses pobres de forma diferente en función de su lugar de residencia. "Necesitado es necesitado, ya sea en Puerto Rico o en el continente, ninguna de las personas que lo reciben en el continente paga impuestos", dijo. "Nada del dinero va o iría a Puerto Rico para su autogobierno. Creo que las restricciones tienen que ser racionales, y no estoy muy segura de por qué uno diría que es racional tratar a un grupo de personas, de ciudadanos, de forma diferente a otros ciudadanos en el continente cuando la necesidad es la misma".

Sin embargo, otros jueces insinuaron que es el Congreso y no los tribunales, el que debe intervenir en el asunto.

El juez Brett Kavanaugh manifestó que hay “argumentos políticos convincentes” para incluir a Puerto Rico en el programa, sin embargo, mencionó que el máximo tribunal debía enfrentarse a una disposición de la Constitución que permite al Congreso tratar de forma diferente a los territorios y a los estados, la Cláusula Territorial.

Brian Fletcher, un abogado del Departamento de Justicia, reconoció que existe una historia de discriminación del gobierno federal frente a Puerto Rico, pero argumentó que la ley en cuestión no es parte de ese sesgo.

"Son ciudadanos estadounidenses, pero no hay ninguna prueba que vincule esta exclusión a la etnia o a un historial de discriminación", dijo Fletcher.

Más información aldianews.com

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