Ciudad de Nueva York

 

Fiscal de distrito de Queens en Nueva York, pide que se anulen 60 sentencias en que participaron policías sancionados

La revisión de procesos penales en que intervinieron policías condenados por haber cometido delitos o por mala conducta laboral continúa en los distritos de la ciudad de Nueva York. Este lunes, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, pidió a una juez la anulación de 60 casos en que intervinieron policías o ex policías sancionados.

La petición se presentó a la juez Michelle Johnson para que anule 59 condenas y deseche los cargos a otra persona que aún no ha sido sentenciada. La mayoría de estos casos son delitos menores o infracciones, pero siete de ellos son delitos graves.

Conforme con la organización Legal Aid Society, que ha estado pidiendo a los fiscales de los distritos de la Ciudad de Nueva York que revisen y se desechen los casos en que intervinieron como testigos principales los policías sancionados, algunas de las personas cuyas sentencias pidieron ser anuladas este lunes sirvieron penas de prisión, mientras que otras perdieron trabajos o licencias. Una de las personas beneficiadas con la medida ya falleció.

“No podemos respaldar una condena en la que el testigo esencial de las fuerzas del orden ha sido condenado por delitos que menoscaban irreparablemente su credibilidad” declaró la fiscal Katz al anunciar la solicitud de anulación de sentencias.

Legal Aid ha identificado que 20 policías de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York que han sido sentenciados por delitos y otros dos que se involucraron en malas conductas en el trabajo.

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De esa lista de policías, 10 tuvieron participación en procesos que se llevaron en Queens. En 34 de los 60 casos participó el detective Kevin Desormeau, que en 2018 fue sentenciado por haber dado falso testimonio sobre una venta de drogas que no ocurrió y que dijo haber presenciado.

En otros 20 casos participó la compañera de Desormeau, Sasha Cordoba, que en 2018 se declaró culpable en Manhattan de perjurio y de mala conducta relacionados con un caso de arresto por posesión de un arma. Además, fue sentenciada por un caso en Queens sobre la venta de droga, aunque este cargo luego fue desechado por falta de evidencia.

En otros seis casos problemáticos tomó parte el detective Oscar Sandino que en 2010 se declaró culpable de agresión sexual a personas que estaban en custodia, incluyendo una violación en los baños de una estación de la policía.

En abril, en una petición similar, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, pidió que se desecharan 90 casos relacionados con posesión o venta de drogas en los que intervino Joseph E. Franco, un oficial de la policía de Manhattan que trabajó encubierto en los 90 casos de Brooklyn. El oficial Franco fue despedido en 2018 y en 2019 fue imputado por perjurio y mala conducta, entre otros delitos.

A este tipo de casos en que hay mala conducta de los policías, deben sumarse cientos más en que la mala conducta es cometida por otros funcionarios que intervienen en el proceso penal. Por ejemplo, en marzo se anunció que tan solo en un distrito de Massachusetts, Sufolk, la fiscalía se desistiría de unos 74,800 casos relacionados con drogas porque las acusaciones se basaron en pruebas realizadas en el Laboratorio Hinton entre mayo de 2003 y agosto de 2012 cuando una de las químicas manipuló evidencia.

Además de la manipulación de evidencia se presentó otro problema en otro laboratorio en el que la química encargada de los análisis contaminó las evidencias, fumando el crack que debía analizar.

La mala conducta de cualquiera de los que intervienen en el proceso penal significa una violación al debido proceso al que toda persona tiene derecho.

Más información nytimes.com

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Imagen de Leonhard Niederwimmer en Pixabay