Monumento a estudiantes de escuela de Kamloops

 

Documentación judicial revela cómo la iglesia católica se liberó de responsabilidad de compensar a víctimas de escuelas indígenas en Canadá

Gracias a una petición judicial presentada en un tribunal de Saskatchewan, Canadá, por CBC News y Globe and Mail, se han publicado documentos judiciales de 2015 en los que constan los esfuerzos de la iglesia católica para no pagar la compensación acordada con el gobierno a las víctimas y familiares de las escuelas residenciales para indígenas.

Las escuelas indígenas fueron instituciones administradas principalmente por la iglesia católica bajo la anuencia del gobierno canadiense, en donde se internaban forzosamente a niños de comunidades nativas para “integrarlos” a la sociedad “civilizada”. Se calcula que en los más de cien años en los que existió este sistema más de 100,000 niños indígenas fueron internados forzadamente en las diferentes escuelas donde sufrieron maltrato e incluso algunos encontraron la muerte.

En 2005 la iglesia católica llegó a un acuerdo con el gobierno para pagar en efectivo 29 millones de dólares canadienses a los sobrevivientes de estas escuelas.

Este dinero, sin embargo, no fue entregado y ahora se conoce la decisión judicial de 2015 y la documentación que respaldó la decisión que permitió que la iglesia no cumpliera con su parte del acuerdo.

En la información que se ha hecho de conocimiento público, se conocen las tácticas usadas por los abogados de la iglesia para no pagar el dinero comprometido. Por ejemplo, se sabe que las 50 entidades de la iglesia que llegaron al acuerdo formaron una corporación en la que establecieron acuerdos de confidencialidad de empleados, abogados y ejecutivos. Esta corporación se terminó poco después de la decisión judicial de 2015.

La documentación revela también que la iglesia pagó 6 millones de dólares canadienses en honorarios legales, administración, préstamos internos y otros gastos no aprobados. Esto incluyó pagos a los abogados que forman parte de la junta católica que supervisó el acuerdo. Según una declaración judicial de una funcionaria de entonces, Pamela Stellick, “ninguna otra organización eclesiástica ha reclamado gastos legales, sin importar gastos legales de 2.7 millones”.

Se ha sabido también que los delegados de la iglesia católica en la Comisión de la verdad y la reconciliación, creada en 2007, pagaron con el dinero que recaudaron para los sobrevivientes los viáticos a las diferentes reuniones y encuentros.

En la decisión judicial de 2015, el juez Neil Gabrielson falló a favor de las entidades de la iglesia católica y los absolvió del pago comprometido en el Acuerdo al establecer que para una persona razonable las partes ya habían llegado a un acuerdo sobre los pagos realizados, pese a que el abogado del gobierno, Alexander Gay, declaró en correos electrónicos que no tenían los términos de tal acuerdo.

En la decisión judicial se da por cumplido el acuerdo por la entrega de 25 millones de dólares canadienses en servicios en especie, pero no se detallan cuales fueron. Gracias a información adicional solicitada por los medios, estos servicios, que la Iglesia Católica valoró en más de 28 millones de dólares canadienses, no son más que intentos de evangelizar y convertir a los pueblos indígenas. La lista incluye programas de estudio bíblico, colocación de sacerdotes y monjas en comunidades remotas del norte, servicios bajo la etiqueta de uso frecuente de "religiosidad" y traducción de documentos religiosos.

Una vez que se ha conocido esta documentación, los obispos católicos han ofrecido disculpas y han prometido recaudar 30 millones de dólares canadienses para los sobrevivientes, cantidad que se considera insuficiente para los 100,000 sobrevivientes de estas escuelas para indígenas.

La publicación de estos documentos es importante para que las Naciones Originarias y las organizaciones de sobrevivientes conozcan lo que realmente sucedió respecto de este acuerdo.

El abogado Sean Sinclair, quien presentó la petición por parte de CBC News y Globe and Mail para la publicación de esta documentación dijo que la transparencia es un elemento clave en la impartición de justicia.

Probablemente ahora que se conoce de estas artimañas para no pagar lo acordado, las peticiones para que la iglesia católica sea sancionada de alguna forma por el gobierno, como que le suspendan el estado de exención de impuestos, serán más fuertes y frecuentes.

Más información cbc.ca

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