Mazo judicial

 

En caso por actos ilegales en relación con compra de armas, el expresidente de Sudáfrica pidió el retiro del fiscal principal

La odisea judicial del expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, es una muy complicada y parece no tener fin. En 2018 fue acusado de varios cargos de corrupción, en enero de 2020 se aceptó el cargo de sobornos en relación con un contrato de compra de armas y el 29 de julio de este año se convirtió en el primer exmandatario del país africano en ser condenado a prisión, una vez terminado el apartheid. Esta semana el Tribunal Superior de Pietermaritzburg revisa una petición especial presentada por Zuma.

Jacob Zuma no fue sentenciado a 15 meses de prisión por los delitos de corrupción, al menos no de momento, sino por desacato judicial por haberse negado a testificar en el marco del proceso que se le sigue. Zuma se entregó a la policía el 7 de julio y fue ingresado a prisión. Las peticiones de ser liberado por razones de enfermedad o edad, no han prosperado.

El caso que se sigue ahora es la petición presentada por los abogados de Zuma para que el líder de la fiscalía del caso en su contra por el contrato de armas con la empresa francesa Thales, Billy Downer, sea retirado del caso. La defensa estima que si este fiscal es retirado, los cargos dejan de tener razón y se puede lograr la absolución de su representado.

El abogado de Jacob Zuma, Dali Mpofu, expuso al tribunal que el derecho a un proceso justo queda en riesgo porque el fiscal Downer no es imparcial. El abogado explica que las acciones de Downer en contra de Zuma están políticamente motivadas. Por ejemplo, dijo, el fiscal Downer fue un testigo en contra de Zuma cuando se pidió una revisión del caso después de que la National Prosecuting Authority (NPA) expresara dudas sobre la presentación de acusación en contra del expresidente.

La NPA es la autoridad facultada para instituir y conducir procesos penales en nombre del Estado, llevar a cabo todas las funciones necesarias relacionadas con la iniciación y la realización de dichos procedimientos penales (esto incluye la investigación) y suspender el proceso penal.

Sobre esta petición especial, la fiscalía respondió que solo se trata de la vieja estrategia seguida por la defensa del expresidente de presentar incidentes y recursos para ralentizar el proceso. Esta “estrategia Stalingrado” ha sido reiteradamente acusada por la fiscalía como una que la defensa ejecutaba cada vez que estaban listos para proceder con la acusación y no es nueva ya que ha sido ejecutada en los varios casos que se han seguido en contra de Zuma.

Desde 2005 sus adversarios han estado tratando de llevarlo a la prisión por actos de corrupción y aunque esos cargos han sido recurridos una y otra vez en tribunales, finalmente está siendo procesado, además que se le está investigando por lavado de dinero y otros actos de corrupción cometidos durante su administración. En total enfrenta 16 acusaciones penales por fraude, corrupción, lavado de dinero y por crimen organizado por 783 supuestos pagos que le hicieron en relación con el negocio de armas cuando era ministro en la provincia de KwaZulu-Natal. Es este último delito el que se está procesando en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg.

Sobre la petición, el juez Piet Koen dijo que el asunto debía ser detenidamente revisado y que necesitaba varias semanas antes de decidir, por lo que fijo fecha de la siguiente audiencia el 26 de octubre.

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