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Militares de Nueva Zelanda recurren orden de ser vacunados contra Covid-19 o serán dados de baja

La oposición a las vacunas Covid-19, que los epidemiólogos insisten son las que mejor nos pueden ayudar a salir de la pandemia, sigue en varias partes del mundo. Esta vez en el ejército de Nueva Zelanda con un grupo de doce militares que dicen que no son del movimiento antivacunas, pero que pelean su libertad a declinar un tratamiento médico.

Ante el Tribunal Superior de Wellington, un grupo de miembros de la armada, el ejército y la fuerza aérea de Nueva Zelanda presentaron un recurso en contra de la directiva emitida por el jefe de la Fuerza Aérea de Defensa, mariscal Kevin Short, en la que dispone que cualquier integrante del ejército que no esté vacunado será dado de baja.

El abogado de los quejosos, Christopher Griggs, ha declarado que sus representados no pueden calificarse de antivacunas porque en lo general han sido vacunados cuando así se les ha solicitado.

“Los peticionarios defienden su libertad fundamental de rechazar tratamiento médico sin que sean tratados perjudicialmente, una libertad que ellos creen que muchos antes que ellos defendieron y dieron sus vidas por ella.”

Medios neozelandeses han reportado inconsistencia de las fuerzas armadas respecto de las políticas de vacunación de sus integrantes y en julio se denunció que el derecho a la privacidad de datos de muchos estaba siendo violada porque se estaban publicando listas con los que no se habían vacunado.

El abogado Griggs declaró que a la mayoría de sus representados les han dicho que pueden ser dados de baja por “pobre desempeño” por no cumplir con los requisitos de preparación militar, que incluyen una vacuna Covid-19.

“Un pequeño número de este personal con condiciones médicas específicas puede recibir exenciones médicas por un período corto, pero luego es probable que sea dado de baja por motivos médicos si aún rechazan la vacuna", aclaró el abogado.

Dijo que sus representados han servido también en la seguridad de las instalaciones de aislamiento y cuarentena, MIQ (Managed isolation and quarantine) que el gobierno ha establecido para tratar de evitar el contagio de Covid-19. En estas instalaciones se exige la vacunación a los trabajadores, pero el abogado expone que ahí solo prestan funciones una pequeña parte del personal de las Fuerzas de Defensa y que hay miles de trabajos disponibles para militares que no exigen la vacuna.

“Se está adoptando un enfoque de línea dura. En muchos casos, el derecho a la privacidad de este personal leal ha sido violado por las autoridades militares al compartir públicamente su decisión de no vacunarse contra el Covid-19. Como resultado, han recibido un trato perjudicial y un oficial ha sido relevado de su mando”, explicó el abogado.

Christopher Griggs añadió que si el jefe de la Fuerza de Defensa quería tomar medidas contra el personal que opta por no recibir la vacuna, existe un proceso legal que debe seguir, pero no lo hizo.

Sobre este caso se ha fijado fecha de audiencia para el próximo mes, pero el abogado no descartó la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo porque, explicó, sus representados quieren seguir formando parte de la Fuerza de Defensa.

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