Estatua de la Justicia, Dublín

 

Condenado por Salas Especiales para Camboya apela sentencia y da ocasión para revisar el funcionamiento de este y tribunales semejantes

Este lunes se verificó la audiencia en la que Khieu Samphan, de 90 años, líder del Jemer Rojo en Camboya, apeló la sentencia que lo condenó a cadena perpetua por el genocidio en que participó durante el periodo conocido como Kampuchea Democrática en Camboya.

El Jemer Rojo o Khemer Rouge, es la organización guerrillera que tomó el poder en Camboya en abril de 1975 tras la Guerra de Vietnam y que fundó un régimen totalitario con inspiración maoísta, conocido como Kampuchea Democrática. Durante este régimen se calcula que fallecieron 3 millones de personas en lo que se conoce como el genocidio camboyano. Este gobierno fue depuesto en 1979 con el inicio de una guerra civil que terminó en 1988 cuando el Jemer Rojo fue política y militarmente desarticulado.

Tras un acuerdo entre Camboya y la ONU se instalaron las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya para Perseguir los Crímenes Cometidos Durante el Período de la Kampuchea Democrática a las afueras de la capital, Phnom Penh, para procesar a los responsables de este régimen.

Como este tribunal especial para Camboya, la ONU ha apoyado el establecimiento de otros tribunales penales con el objetivo de que las víctimas de delitos contra la humanidad y crímenes de guerra se encuentren con la justicia al ver a los perpetradores juzgados y sentenciados.

Así, tribunales semejantes se establecieron para la ex Yugoslavia, Ruanda, El Líbano y Sierra Leona. Al término de los mandatos de los tribunales, como es el caso de los que procesaron casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, se creó un Mecanismo residual que sigue en operación para procesar los casos que no se presentaron en su momento.

¿Qué tan efectivos han sido estos tribunales? Hay muchas opiniones al respecto, pero en estas dos últimas semanas hemos visto de frente lo que podría calificarse como el fracaso de dos de ellos, el de Camboya y el establecido en El Líbano para aclarar el homicidio del primer ministro Rafik Hariri.

Las Salas Especiales para Camboya se establecieron por ley en 2001 y en 2003 se llegó al acuerdo de cooperación con la ONU. El funcionamiento de este tribunal, sin embargo, no estuvo exento de problemas y hasta el momento solo se han procesado cuatro casos, dos en los que se han dictado sentencias a tres personas, entre ellos Khieu Samphan.

De los procesados, dos sentenciados, Ieng Sary, esposo de Ieng Thirith, ministra de asuntos sociales, fallecieron, así como Pol Pot, líder máximo de la Kampuchea Democrática quien falleció plácidamente en su cama mientras era procesado y sin haber sido sentenciado por las atrocidades que se cometieron bajo este régimen y que se han ventilado por miles de sobrevivientes durante estos procesos.

Solo otras cuatro personas están siendo procesadas por su participación en un régimen en el que se calcula que por lo menos 1.7 millones de personas murieron de hambre, tortura, ejecuciones y trabajos forzados. En esta web hemos documentado varios episodios de estos procesos, como los testimonios de los horrores cometidos, que durante el proceso por genocidio en contra de Nuon Chea y Khieu Samphan se escucharon.

Según The New York Times, la operación de este tribunal en los últimos 15 años ha costado casi 300 millones de dólares.

El Tribunal Especial para El Líbano es, sin embargo, el tribunal que menos éxito ha tenido en la consecución de su objetivo. Fue establecido el 1 de marzo de 2009 para presentar a la justicia a los responsables del acto terrorista del 14 de febrero de 2005 en que murieron 22 personas, entre ellas el primer ministro Rafik Hariri.

Con un costo estimado de 800 millones de dólares, apenas el 19 de agosto se dio a conocer el primer veredicto del proceso de cuatro personas, con una única sentencia de culpabilidad, la de Salim Ayyash. Cabe señalar que estaba previsto que esta sentencia se hiciera pública el día de la terrible explosión que se verificó en Beirut el 4 de agosto de 2020.

Frente a estos pobres resultados, se debe señalar que los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda funcionaron un poco menos lentos. En sus más de 24 años de funcionamiento, el tribunal para la ex Yugoslavia, que terminó funciones en 2017, procesó a 161 personas, todos encontrados culpables. En los 10,800 días de procesos, se escucharon los testimonios de 4,650 testigos.

El Tribunal Especial para Ruanda funcionó de 1995 a 2015 y durante este tiempo se procesaron a 93 personas, de las que 62 fueron sentenciadas, 14 absueltas, 10 referidas a tribunales nacionales, dos fallecidos antes de la sentencia, dos acusaciones retiradas antes de la sentencia y 3 fugitivos referidos al Mecanismo Residual. Entre estos fugitivos está Félicien Kabuga, uno de los prófugos más buscados.

Estos tribunales, incluida la Corte Penal Internacional, tienen procesos más largos que los tribunales nacionales; los periodos de investigación para decidir si se presentan cargos son muy largos, así como los procesos mismos. Por ejemplo, la sentencia que Khieu Samphan está apelando esta semana se dictó en 2018 y se espera que sea a mediados del próximo año cuando se tome la decisión.

Quienes no somos parte de estos procesos podemos concluir que son tribunales anquilosados que no sirven de mucho, una opinión que quizá las víctimas que han podido prestar sus testimonios no compartan porque para ellos poder narrar en voz alta los horrores que sufrieron y ver a sus atormentadores a los ojos y tras las rejas es justicia suficiente.

Más información un.org /nytimes.com

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