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Cargos por homicidio de nacional estadunidense en país extranjero a presunta homicida de sus hijos en Rosarito

Mathew Taylor Coleman, instructor de surf y presunto homicida de sus hijos pequeños, está siendo procesado en los Estados Unidos por el delito de homicidio de nacionales estadunidenses cometido en el extranjero, según lo informó el 11 de agosto la Oficina de la Fiscalía del Distrito Central de California.

Se trata de un homicidio que ha conmocionado a los residentes de Playas de Rosarito, Baja California, donde el 9 de agosto, alrededor de las siete de la mañana, un residente del Rancho El Descanso notificó a la policía el hallazgo de los cadáveres de los pequeños, un niño de 2 años y una niña de 10 meses.

La policía municipal de Rosarito procesó la escena del delito y trasladó al servicio médico forense los cadáveres de los pequeños en calidad de desconocidos, hasta que la tarde de ese mismo día recibieron una llamada del FBI de los Estados Unidos que les permitió identificar los cuerpos como los hijos de Coleman, de nacionalidad estadunidense.

Matthew Coleman es un instructor de surf de 40 años, residente de Santa Barbara, California, y propietario de la escuela de surf Lovewater junto con su esposa. El sábado, su esposa se presentó ante la policía de Santa Bárbara y declaró que el se había marchado con los niños y que desconocía en donde estaban. Pasadas 24 horas, se presentó la denuncia de persona desaparecida.

Ese domingo, gracias a una aplicación de la computadora, la esposa ubicó el teléfono del esposo en Rosarito y al día siguiente, el lunes, cerca del puerto de entrada de San Isidro en la frontera México-Estados Unidos. Ahí fue alcanzado por personal del FBI que cuando no encontró a los niños se comunicó con la policía de Rosarito para conocer la noticia del hallazgo de los cadáveres que coincidían con la descripción de los menores desaparecidos.

Con información de la policía mexicana y detalles del delito que Coleman en el interrogatorio, el miércoles se pudieron presentar los cargos en su contra en los Estados Unidos y ese mismo día fue presentado ante un tribunal federal en Los Ángeles donde se ordenó su detención sin derecho a fianza. Se fijó el 31 de agosto como fecha de audiencia de instrucción.

El caso sigue siendo investigado por el FBI, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Santa Bárbara y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Rosarito.

Los detalles que Coleman ha confesado hasta el momento a los agentes del FBI que investigan el caso son escabrosos. Baste decir que para cometer los crímenes utilizó una pistola de pesca submarina que confesó haber arrojado en una ensenada y haberse desecho de la ropa ensangrentada de los niños en un bote de basura en la carretera a Tijuana.

Los hechos que se han conocido hasta ahora son también difíciles de entender. Este hombre ha dicho ser seguidor de QAnon, la red de teorías de la conspiración de seguidores de Donald Trump, que el año pasado estuvo muy activa no solo impulsando a Trump como una especie de mesías, sino también elucubrando toda una serie de historias conspirativas muchas de las cuales rayaron en lo absurdo. Como la creencia que tenía Matthew Coleman de que sus hijos tenían ADN de serpiente y que matarlos era la única forma de salvar al mundo.

“M. Coleman declaró que creía que sus hijos iban a crecer para ser monstruos así que tuvo que matarlos”, escribió la agente especial del FBI, Jennifer Bannon. “M. Coleman explicó que estaba informado por teorías de la conspiración de QAnon y los Iluminati y que estaba recibieron visiones y señales que le revelaron que su esposa, A.C., poseía ADN de serpiente y que lo había transmitido a sus hijos.”

Es posible que durante el proceso se expongan al juez estas creencias como excluyentes de responsabilidad, eso ya se verá, pero este lamentable caso es solo una muestra de los efectos y consecuencias de la información falsa y negativa que está circulando en Internet. Creer en teorías conspirativas no es cómico, llega a ser muy peligroso.

Más información justice.gov/ nytimes.com

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