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Christian Porter deberá pagar gastos legales de quien se opuso a representación de abogada en caso de difamación por presunta violación

La demanda que el ex fiscal general de Australia, Christian Porter, presentó por difamación en contra de una periodista y un medio de comunicación por la información que vehemente niega de una violación cometida en 1988, sigue dando dolores de cabeza al político, pese a que en mayo se desistió de la demanda.

El caso principal se refiere a la acusación al político, actual ministro de Industria, Ciencia y Tecnología, de la violación en 1988 de una adolescente de 16 años. La presunta víctima de violación se suicidó en 2020 después de haber escrito un relato de los hechos que envió de forma anónima a varios políticos y a la policía. En febrero, esta declaración fue envida al primer ministro Scott Morrison y a varios ministros. No fue sino hasta el 3 de marzo que se supo que la acusación estaba dirigida a Christian Porter, quien lo declaró un día después de que la policía cerró la investigación de la violación por “evidencia insuficiente”.

En febrero, sin nombrar a Porter, la periodista Louise Milligan de ABC publicó la historia y por esta publicación Porter presentó una demanda por difamación a mediados de marzo, de la que se desistió en mayo sin que mediara pago de indemnización.

Dentro de esta demanda, sin embargo, se presentó un incidente por el que Jo Dyer, una mujer que fue amiga de la presunta víctima de violación, pidió que la abogada de Porter, Sue Chrysanthou, especialista en casos de difamación, dejara la representación del político por conflicto de intereses ya que prestó asesoría legal a Dyer en noviembre del año pasado después de haber sido entrevistada en un programa de televisión que no se transmitió.

El juez del caso en un tribunal federal en Sídney, Tom Thawley, concedió la petición a Jo Dyer al concluir que había riesgo de que la abogada Chrysanthou usara indebidamente información proporcionada por Dyer, señalando que una persona promedio podría decir que la abogada no debería actuar en representación del político.

Esta decisión fue apelada tanto por Christian Porter como por la abogada Sue Chrysanthou. Pese a que esa apelación está en proceso, el juez Thawley procedió esta semana con la audiencia para fijar los gastos legales que Porter y la abogada deben pagar a Dyer por la presentación de la moción, fijándolos en 550,000 dólares australianos, equivalentes a unos 403,000 dólares estadunidenses.

La cifra, que se estableció como suma global, fue inmediatamente cuestionada por los abogados de Porter y de Chrysanthou, pidiendo que los abogados que representaron a Jo Dyer detallaran las razones de esta cifra.

De esta forma, el abogado Callan O’Neill, representando los intereses de Christian Porter, dijo que al parecer un socio de la firma que representó a Jo Dyer trabajó 120 horas en el caso, un asociado senior trabajó 220 horas y que fue el “pobre” abogado junior el que trabajó 244 en el asunto en 16 días, cuestionando la cifra tan elevada de gastos de representación legal.

Para sustentar la cifra, el juez Thawley concedió a los abogados de Jo Dyer hasta las cinco de la tarde del viernes para presentar la factura y las hojas de cálculo de los gastos de representación.

Debe hacerse notar que no se trata de una cifra que necesariamente deberá pagarse pues si procede la apelación en contra de la decisión de conceder la petición a Jo Dyer, el pago de gastos judiciales no tendrá mayor fundamento.

Más información smh.com.au

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