Recep Tayyip Erdogan

 

Corte Constitucional de Turquía limita facultad del Ministerio del Interior de cancelar pasaportes de opositores

Este 15 de julio se cumplieron cinco años del fallido golpe de estado que en Turquía trató de derribar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Como respuesta a este intento, el gobierno empezó una política de persecución que ha llevado al despido de más de 125,000 personas de cargos públicos en universidades, la policía y el poder judicial.

Además de los despidos masivos de todos los que son percibidos como enemigos del régimen, el gobierno de Erdogan ha presentado cargos por traición o conspiración o tentativa de conspiración contra el gobierno a cientos de miles de personas, ya sea por compartir una foto en redes sociales o manifestar solidaridad con algún detenido. Modelos, futbolistas, cineastas han sido imputados por diversos delitos por manifestar apoyo a algún enemigo del régimen u oposición al gobierno.

Frecuentemente estas personas que son investigadas y procesadas ven sus pasaportes cancelados o con ciertas restricciones de viaje. Así, según cifras del Ministerio del Interior, la entidad facultada para imponer estas restricciones o cancelar los documentos de viaje, casi 250,000 han sido cancelados desde el fallido golpe de estado como una medida del gobierno para detener a los golpistas y a otros grupos calificados de terroristas como el partido de los trabajadores kurdos.

Se estima que no solo quienes son procesados ven cancelados sus pasaportes sino también sus familiares por lo que la cifra oficial del Ministerio podría aumentar a medio millón de personas que han visto limitado su derecho a viajar al exterior.

En mayo, el ministro del Interior, Suleyman Soylu, aseguró que gradualmente se han anulado las restricciones de viajes de tal forma que actualmente solo están vigentes limitaciones a entre 75,000 y 80,000 pasaportes.

La facultad arbitraria del Ministerio del Interior de cancelar los pasaportes fue recurrida ante tribunales y esta misma semana, el 14 de julio, la Corte Constitucional declaró que esta facultad arrogada por el Ministerio es inconstitucional porque solo los jueces pueden imponer restricciones de viaje. De esta forma, el máximo tribunal concluyó que con esta actividad el Ministerio del Interior está violando la Constitución al limitar el derecho de libre movilidad de los habitantes y concedió a las autoridades administrativas el plazo de un año para emitir nuevas regulaciones sobre este particular.

Probablemente el paso a seguir sea presentar en el Parlamento (dominado por el Partido Justicia y Desarrollo, APK, fundado por Erdogan) una iniciativa de ley que acote la libertad de movilidad de los turcos y conceda al Ministerio del Interior la facultad de cancelar los pasaportes con lo que el gobierno de Erdogan solventará la inconstitucionalidad.

Recep Tayyip Erdogan ha gobernado Turquía desde marzo de 2003, primero como primer ministro (hasta agosto de 2014) y luego como presidente (desde agosto de 2014 a la fecha). Durante todos estos años su postura política ha ido cambiando de ser una pro Europea buscando su ingreso a la Unión Europea y estableciendo más libertades y derechos que incluso protegieron minorías, a una postura más conservadora hacia el islam y, desde 2016, limitando esos derechos y libertades que antes se otorgaron a los turcos.

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