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Gobierno británico presenta iniciativa de ley que faculta a arrendatarios a exigir que propietarios paguen reparaciones de seguridad

En junio de 2017 inició un incendio en la torre Grenfell en Londres, Inglaterra, que causó la muerte de 72 personas y más de 70 heridos. La auditoría realizada concluyó que el incendio inició en un aire acondicionado, pero se extendió porque el revestimiento del edificio no cumplía con la normativa de seguridad. A partir de este incendio se empezaron a realizar auditorías en otros edificios y se sabe que hay muchos con revestimiento que no cumplen estas normas de seguridad y están, por tanto, en riesgo de incendio.

A partir del incendio de la torre Grenfell, el gobierno británico ha enfrentado una crisis de seguridad en la vivienda lo que llevó a que se presentara recientemente una iniciativa de ley que permite que los residentes de los edificios demanden a los desarrolladores y propietarios para que cambien el revestimiento, siempre que sus edificios hayan sido construidos después de 2006.

La iniciativa presentada por el secretario de vivienda, Robert Jenrick, deja fuera de la posibilidad de demandar una vivienda más segura a 239 edificios según cifras de la organización UK Cladding Action Group, creado después del incendio de Grenfell. Además, señalan que iniciar acción legal en contra de los desarrolladores y propietarios es muy costoso por lo sólo un puñado de edificios podrán sacar ventaja de la ley.

La iniciativa también crea un regulador especial que vigile la seguridad de las viviendas en edificios altos, además de un nuevo regulador de productos de construcción con facultad para prohibir productos peligrosos y presentar responsabilidad en contra de las empresas que los fabriquen.

Los residentes de estos edificios son, en términos prácticos, arrendatarios porque no tienen derechos absolutos sobre la propiedad, sino derechos temporales de ocupación por largo plazo, aunque existen ciertas características específicas en la legislación inglesa que regulan estos contratos.

Frente a la iniciativa de ley para demandar, existe otra en materia de seguridad que no protege a los residentes de que les cobren las facturas por arreglar los defectos en contra de incendio que, en el peor de los casos, llegan a ascender hasta 100,000 libras esterlinas por departamento. Esta iniciativa mantiene el derecho de los desarrolladores y propietarios de los edificios de pasar los costos a los arrendatarios siempre y cuando demuestren que han explorado “métodos alternativos de cubrir los costos de reparación antes de traspasarlos a los arrendatarios”.

Parlamentarios han estado abogando para que el gobierno cree un fondo para hacer las reparaciones contra incendios que se necesitan. Se calcula que estas reparaciones ascienden a 15 millardos de libras esterlinas y el gobierno, de momento, solo ha apartado 5.1 millardos.

Para el gobierno “la iniciativa de seguridad de construcción, publicada hoy, creará un cambio generacional duradero y establecerá un rumbo claro sobre cómo deben ser construidos y mantenidos los edificios en el futuro,” según anunciaron.

El entusiasmo no es compartido por los afectados y al respecto Giles Grover, de la campaña End Our Cladding Scandal, declaró a los medios: “Ministros y dos primeros ministros han prometido más de 17 veces en el Parlamento que protegerían a los arrendatarios de los costos. Ahora parece que cínicamente han encontrado la manera de deshacerse de esa responsabilidad.”

“Todo el tiempo [el gobierno] ha dicho que los arrendatarios no deberían pagar, pero aquí está en blanco y negro [que deberían]” dijo Martin Williams, residente de un edificio afectado en Sheffield. “No puedo creer que a esta distancia de Grenfell esto es todo lo que pueden hacer para proteger a los arrendatarios… ¿Cómo demonios piensa el gobierno que esto es adecuado?”

Más información theguardian.com

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