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Parlamento danés se erige en tribunal especial para procesar a exministra, después de casi 26 años

El viernes 25 de junio iniciaron las primeras audiencias preparatorias del proceso que el 2 de septiembre está previsto iniciar para juzgar a Inger Støjberg, ex ministra de Inmigración de Dinamarca, acusada de haber violado la Convención Europea de Derechos Humanos al haber ordenado la separación de los matrimonios que buscaban asilo, uno de ellos con un cónyuge menor de edad.

Se trata de un proceso que se ha traducido como impeachment, aunque no se trata de un proceso de destitución por que la acusada ya no ejerce el cargo, sino de un tribunal especial que la Constitución danesa de 1849 establece para procesar a los ministros del gabinete por actos de mala administración o mala conducta cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Este procedimiento inicia con la votación en el Folketing, parlamento, si procede establecer el tribunal especial respecto de la acusación presentada. Cabe señalar que la acusación no es presentada por la fiscalía, sino por el mismo Folketing o por el monarca y que tratándose de delitos el proceso se lleva en los tribunales regulares.

En el caso presentado en contra de Inger Støjberg, que prestó sus servicios como ministra de Inmigración, Integración y Vivienda hasta junio de 2019, el Folketing votó el 2 de febrero con un resultado de 141 a 30 a favor de presentar la acusación.

Aunque desde que se estableció este proceso en la Constitución danesa solo se ha convocado al tribunal especial cinco veces, siendo esta la quinta, los nombramientos del tribunal se hacen cada seis años. El último nombramiento se hizo en 2020 y los integrantes durarán en el cargo hasta 2026 y solo se reúnen cuando son convocados como en esta ocasión.

El tribunal se conforma por 15 jueces de la Suprema Corte de Dinamarca y otras 15 personas nombradas por el Folketing, pero que no pertenecen a este cuerpo legislativo, aunque tienen afiliación política.

Habiendo sido convocado por la decisión de febrero, el tribunal ya ha sesionado para tomar ciertas decisiones respecto del procedimiento. Así, el 25 de junio escucharon argumentos sobre si las sesiones podrán ser grabadas y televisadas, si los jueces nombrados están capacitados para la tarea encomendada y si se aprueba la acusación como está presentada o se hacen ajustes. Está previsto que estas decisiones se publiquen hoy.

Respecto de las acusaciones, el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Ministerial es el fundamento para iniciar este proceso de acusación en el Folketing. En el caso particular, Inger Støjberg está acusada de haber decretado, siendo ministra, que el servicio de inmigración separara a los matrimonios que piden asilo, pese a que en uno de esos matrimonios uno de los cónyuges era menor de edad. Se decidirá de si estas decisiones son violatorias de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Además, está acusada de haber proporcionado al Ombudsman y al Folketing información incorrecta o engañosa durante las cuatro audiencias que al respecto se celebraron en 2017.

Los abogados de la exministra han pedido que se retiren los cargos por haber entregado información incorrecta al Folketing. De concederse esta petición, la acusación cambiaría y los 36 días de audiencia que están previstos podrían cambiar. Si no se acepta, es probable que se siga el calendario como está establecido, con la decisión lista para ser entregada el día de Navidad.

En los cuatro casos anteriores que se han procesado por este tribunal especial desde 1849, solo dos han concluido con la culpabilidad del funcionario procesado. Al primero, en 1910, se le impuso una multa por negligencia. El otro caso, el más cercano a este, se verificó en 1995 y se dictó sentencia de cuatro meses de prisión suspendida. Curiosamente también se proceso al entonces ministro de Inmigración quien fue acusado de haber evitado que los refugiados tamiles de Sri Lanka llevaran a Dinamarca a sus familias.

Durante el ejercicio del cargo, Inger Støjberg tomó decisiones que llevaron al endurecimiento de las leyes de inmigración danesas con el objetivo de hacer de ese país uno poco atractivo para los peticionarios de asilo. Quizá fue esta afán de no recibir inmigrantes lo que la llevó a tomar decisiones contrarias a los derechos humanos de los solicitantes de asilo, pero eso ya lo decidirá el tribunal que en danés recibe el nombre de Rigsretten.

Más información cphpost.com / ft.dk /Wikipedia.com

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